Francisco Romero Serrano fue suspendido temporalmente del cargo de titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), como medida cautelar emitida por un juez de control, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar en contra de un menor de edad.
Romero aseguró que la actuación en su contra violentó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se giró a la Fiscalía General del Estado (FGE), con el objetivo de que detuviera la integración de la carpeta de investigación, luego de que ese órgano constitucionalmente autónomo advirtió una posible persecución política.
La esposa de Romero Serrano rechazó el 24 de diciembre pasado, en un video publicado en redes sociales, que ella y su menor hijo hayan sido objeto de violencia familiar por parte de su esposo.
Tras hacerse pública la decisión del juez de control, Francisco Romero difundió un documento firmado el 4 de febrero pasado por la directora General de Quejas y Orientación de la CNDH, Claudia Fernández Jiménez, donde solicitó a la FGE la instrumentación de medidas cautelares, “a causa de una posible persecución y hostigamiento” contra el entonces auditor.
La funcionaria de la CNDH comunicó a la fiscalía que Joseline Zurita denunció que personal adscrito a la FGE, que encabeza Gilberto Higuera Bernal, la ha presionado, hostigado y perseguido para que formule una denuncia por violencia familiar contra Romero.
En consecuencia, el órgano defensor de derechos humanos solicitó a Gilberto Higuera girar “las instrucciones pertinentes a efecto de abstenerse de seguir integrando la carpeta de investigación en mención y abstenerse de seguir dando impulso procesal de oficio a la referida indagatoria, toda vez que la patria potestad la ejerce la quejosa, así como la prohibición de represalias en su contra”.
La CNDH también requirió al fiscal General del Estado “hacer valer el principio de presunción de inocencia del señor Romero Serrano”.
Romero también compartió la respuesta de la FGE, firmada por la titular de la Unidad Derechos Humanos, Rocío Flores Calderón, el 11 de febrero pasado. Bajo el asunto “se aceptan medidas de protección”, Flores aseguró que giró un oficio a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género a fin de que fueran atendidos los puntos de la medida cautelar.
En entrevista para Así lo Dice Puebla, Romero Serrano acepto temer por su seguridad y resalto que es notoria y pública la persecución en su contra …”cuando llegue el momento en que el agente del ministerio público tenga que probar todas las acusaciones la verdad saltará a la vista” …”si el siguiente paso del fiscal general es ejecutar alguna orden de aprensión y en consecuencia tuviera que seguir este proceso desde la cárcel, desde ahí me defenderé”.
Finalmente al ser cuestionado sobre las razones que desataron la persecución política en su contra dijo: “…todo a su tiempo…”, dejando ver que es muy posible que el fiscal este actuando y velando por los intereses de algún personaje que tiene el objetivo de evitar la rendición de cuentas.
