Por Chester Hernández.
Las recientes victorias en las elecciones municipales de Venustiano Carranza y Chignahuapan, con Marco Antonio Valencia Ávila y Juan Rivera Trejo como ganadores, plantean una serie de interrogantes sobre el futuro de las denuncias que pesaban sobre ambos y sus familiares, las cuales fueron interpuestas por la Auditoría Superior del Estado. Estos casos, que implican presuntos desvíos de recursos públicos, dejan abierta la pregunta sobre la posibilidad de justicia o impunidad en estos municipios.
En el caso de Venustiano Carranza, Rafael Valencia Ávila, hermano de Marco Antonio Valencia Ávila, fue denunciado por la Auditoría Superior del Estado durante su gestión como presidente municipal, con el número de oficio FGEP/OFG/8683/2020. De manera similar, en Chignahuapan, Juan Enrique Rivera Reyes, hermano de Juan Rivera Trejo, también enfrentó una denuncia ante la misma entidad por un presunto desvío de recursos, registrada bajo el número de oficio FGEP/OFG/8682/2020.
Ambas denuncias, que apuntan a un desvío significativo de recursos del patrimonio municipal, no solo afectan la confianza en la administración pública local, sino que también plantean serias dudas sobre el manejo de los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos municipios. Tras las victorias de Marco Antonio Valencia Ávila y Juan Rivera Trejo en las urnas, surge una gran inquietud: ¿Se buscará una resolución justa de estos casos o se permitirá la impunidad debido a los nuevos cargos de poder que ostentan sus hermanos?
La respuesta a esta interrogante dependerá de la actuación de las autoridades competentes, particularmente de la Fiscalía, que tiene la responsabilidad de investigar y sancionar cualquier acto de corrupción o mal manejo de los recursos públicos. La sociedad espera que, independientemente de las victorias electorales, los casos de corrupción sean tratados con la seriedad que ameritan y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones.
Es fundamental que la justicia prevalezca y que no se permita que el poder político se utilice para evadir responsabilidades. Los millones de pesos presuntamente desviados forman parte del patrimonio de los municipios y, por lo tanto, de los recursos destinados al bienestar de sus habitantes. De no actuarse con firmeza, la impunidad podría prevalecer, y los ciudadanos quedarían en la incertidumbre sobre si sus autoridades están realmente comprometidas con la justicia y la transparencia.
