Por Chéster Hernández
La liberación de Marco Antonio, alias “El Pavón”, la noche del martes 14 de abril de 2026, no solo exhibe grietas profundas en el sistema de justicia del estado de Puebla, sino que confirma una realidad incómoda: el Poder Judicial atraviesa una crisis de credibilidad que ya no puede seguir siendo ignorada ni minimizada.
Considerado uno de los criminales más peligrosos de la entidad, “El Pavón” había permanecido recluido en el Penal de San Miguel, señalado como líder de un grupo delictivo dedicado al robo de hidrocarburos y a la extorsión en distintos puntos de la zona metropolitana. Su historial no era menor: múltiples carpetas de investigación, denuncias acumuladas y un perfil de alta peligrosidad respaldado por informes de seguridad.
Sin embargo, nada de eso fue suficiente.
Apenas unas horas después de su liberación, la mañana del miércoles 15 de abril, el vicealmirante Francisco Sánchez, titular de Seguridad Pública, confirmó que el presunto delincuente había abandonado el CERESO. La noticia cayó como un balde de agua fría en una sociedad que, día a día, enfrenta las consecuencias de la violencia y la impunidad.
La pregunta es inevitable: ¿qué tipo de criterios permiten que un perfil de esta naturaleza recupere su libertad? La respuesta, aunque incómoda, apunta directamente al actuar de un juez del Poder Judicial, cuya decisión —hasta ahora poco clara y escasamente justificada— abre la puerta a sospechas legítimas sobre negligencia, corrupción o, en el mejor de los casos, una alarmante desconexión con la realidad que vive la ciudadanía.
Este caso no es aislado. Por un lado, se liberan presuntos delincuentes con antecedentes graves; por otro, existen denuncias de personas que permanecen privadas de su libertad en medio de procesos cuestionables, como el caso de la familia Romero, en Tehuacán. La balanza de la justicia parece, cada vez más, inclinada hacia la arbitrariedad.
Lo ocurrido con “El Pavón” no solo representa un riesgo latente para la seguridad pública, sino también un golpe directo a la confianza ciudadana. Cuando las instituciones encargadas de impartir justicia fallan de manera tan evidente, el mensaje que se envía es devastador: la ley no es igual para todos.
Urge, más que nunca, una revisión profunda y transparente del actuar del Poder Judicial en Puebla. No basta con discursos institucionales ni con deslindes administrativos. Se requieren investigaciones serias, rendición de cuentas y, sobre todo, una depuración real que garantice que quienes imparten justicia estén a la altura de la responsabilidad que se les ha conferido.
Porque cuando la justicia se debilita, lo que queda no es el orden, sino el caos.
