Por Chester Hernández
En una época donde la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser norma en las instituciones públicas, la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (CORDE) Poniente de la Secretaría de Educación Pública se ha convertido en escenario de actos que rayan en lo absurdo y lo alarmante.
Según denuncias de trabajadores —que, por miedo a represalias, prefieren el anonimato—, la titular de esta dependencia, la maestra Enriqueta, ha impuesto prácticas religiosas y esotéricas dentro de las oficinas públicas ubicadas sobre la avenida 25 Poniente. Se habla de convocatorias para vestir de blanco, rezos colectivos, uso de agua bendita e incluso sesiones que, según algunos testigos, se asemejan más a rituales de purificación que a reuniones de trabajo.
¿Dónde quedó el respeto al Estado laico? El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de forma clara e inapelable que la educación que imparta el Estado debe ser laica, gratuita y libre. Lo que está ocurriendo en la CORDE Poniente no es solo un exabrupto administrativo: podría constituir una violación al marco legal vigente y un atentado contra la neutralidad ideológica que debe regir todo espacio público.
La situación exige una respuesta firme por parte del secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso, cuya inacción hasta el momento resulta tan preocupante como el hecho en sí. ¿Por qué no se ha sancionado a la funcionaria? ¿Quién la protege? ¿Hasta qué punto se permitirá que creencias personales reemplacen la vocación pedagógica en una dependencia estatal?
No estamos ante una simple excentricidad. De continuar por este camino, corremos el riesgo de ver cómo prácticas propias del oscurantismo se infiltran en la gestión educativa. No faltan quienes temen que estos “rituales” evolucionen hacia conductas aún más peligrosas, como el uso de elementos propios del culto popular, incluyendo posibles sacrificios animales, como ha sucedido en otras regiones bajo el pretexto de “limpias” o “bendiciones”.
La Secretaría de Educación Pública —tanto estatal como federal— está obligada a investigar y actuar. La CORDE Poniente no es un templo, ni altar, ni espacio para misas improvisadas. Es una oficina pública, y como tal, debe regirse por la razón, la ciencia y la ley. La omisión en este caso no es neutralidad: es complicidad.
La sociedad exige respuestas. La Constitución exige respeto. Y la educación pública merece dignidad.
