Por Chester Hernández
La crisis política en el municipio de Acatlán de Osorio continúa escalando y amenaza con convertirse en un conflicto de mayores dimensiones si las autoridades estatales no intervienen de manera inmediata.
La mañana de este día, regidores integrantes del Cabildo denunciaron públicamente ser víctimas de amenazas, hostigamiento y persecución, presuntamente derivadas de su decisión de votar a favor de la revocación de mandato de la presidenta municipal, Guadalupe Lucero Bárcenas. Los señalamientos son graves y no pueden ser minimizados ni ignorados por las instancias competentes.
En una democracia, el voto de los representantes populares debe ejercerse con libertad y sin presiones. Cuando quienes integran un Cabildo aseguran estar siendo intimidados por cumplir con sus responsabilidades, se encienden focos rojos sobre el estado de gobernabilidad y el respeto a las instituciones municipales.
La pregunta que hoy surge entre la ciudadanía es inevitable: ¿quién protege a la presidenta municipal? A pesar de las denuncias públicas y del creciente clima de confrontación política, hasta el momento no se observa una actuación firme de las autoridades encargadas de garantizar la legalidad y la seguridad de los funcionarios que han manifestado sentirse amenazados.
El Congreso del Estado tiene la obligación de poner cartas en el asunto antes de que la situación se salga de control. No basta con observar desde la distancia mientras aumentan las acusaciones y la tensión política. Los legisladores deben investigar los hechos, escuchar a todas las partes involucradas y garantizar que prevalezca el Estado de derecho.
Lo ocurrido en Acatlán de Osorio no es un asunto menor. Si las denuncias de amenazas y persecución resultan ciertas, estaríamos frente a un grave atentado contra la vida democrática del municipio. La omisión también tiene consecuencias, y permitir que este conflicto siga escalando podría derivar en escenarios aún más delicados.
La población de este municipio merece respuestas claras, transparencia y justicia.
Acatlán no puede convertirse en un territorio donde las diferencias políticas se resuelvan mediante la intimidación.
