Por Chéster Hernández
Huejotzingo, Puebla.— La pregunta resuena cada vez con más fuerza entre habitantes, transportistas y comerciantes de la región: ¿quién protege a la banda conocida como “Los Guasones”? Lejos de ser un rumor aislado, las sospechas crecen al ritmo de denuncias acumuladas, expedientes abiertos y una percepción de impunidad que, hasta ahora, ninguna autoridad ha logrado disipar.
De acuerdo con diversas denuncias presentadas ante la Fiscalía, esta organización delictiva ha sido señalada por su presunta participación en el robo de transporte de carga y el tráfico de drogas, delitos que no solo afectan la economía local, sino que también ponen en riesgo la seguridad de quienes transitan por la zona. Su operación no es reciente: desde 2020 se han registrado detenciones de presuntos integrantes tanto en Huejotzingo como en San Martín Texmelucan. Sin embargo, estas acciones no han logrado desarticular por completo al grupo.
Los Guasones habrían operado inicialmente desde el municipio de Chiautzingo, extendiendo posteriormente su radio de acción hacia Huejotzingo, donde —según señalamientos— han encontrado condiciones favorables para continuar sus actividades ilícitas. La pregunta es inevitable: ¿por qué, a pesar de los antecedentes y detenciones, la banda sigue activa?
El foco de la controversia apunta directamente al ámbito político. Versiones que circulan entre la población sugieren posibles vínculos familiares entre integrantes del grupo y figuras del poder local. En particular, se ha señalado al actual presidente municipal, Roberto Solís, como presunto protector de la banda, lo que, de confirmarse, representaría un grave conflicto de interés y un atentado directo contra el estado de derecho.
Hasta el momento, no existe un pronunciamiento claro ni contundente por parte de las autoridades municipales que desmienta o aclare estas acusaciones. El silencio institucional solo alimenta la desconfianza ciudadana y fortalece la percepción de que existe un manto de protección que impide que la justicia actúe con firmeza.
La situación exige respuestas. La Fiscalía debe informar con transparencia el estado de las investigaciones, mientras que el gobierno municipal tiene la obligación de aclarar cualquier señalamiento que comprometa su legitimidad. No se trata únicamente de deslindar responsabilidades, sino de garantizar que la ley se aplique sin distinciones ni privilegios.
En un contexto donde la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas, permitir la operación de grupos delictivos bajo la sombra de la duda política resulta inaceptable. Huejotzingo no puede convertirse en un territorio donde la impunidad sea la norma y la justicia, una excepción.
La ciudadanía merece algo más que rumores y evasivas: merece verdad, justicia y autoridades que estén a la altura de su responsabilidad.
