Con el argumento de que las empresas de seguridad privada operan con deficiencias como la falta de profesionalismo, capacitación y confiabilidad, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, envió al Congreso del Estado de Puebla una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Privada en la entidad poblana, con lo que se busca establecer un marco normativo más estricto para el desempeño del personal operativo.
En el documento, que fue entregado a los legisladores el pasado 10 de julio, se expone que es necesario elevar los requisitos mínimos que deben cumplir los elementos de las empresas de seguridad privada. Por ello se deberá acreditar las evaluaciones de control de confianza, las cuales se llevarán a cabo en el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública o en la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad de la entidad poblana.
Asimismo, las empresas prestadoras de este servicio tendrán que capacitar a su personal operativo por medio de la universidad, dependencia o entidad del Gobierno del Estado competente, pero esto tendrá un costo, aunque no se especifica de cuánto.
En el caso de aquellos que se desempeñen bajo la modalidad de traslado de valores, bienes o cualquier otra que opere con arma de fuego, deberán acreditar con una constancia (expedida por quien los preparó) que cuentan con la capacitación en adiestramiento en manejo de armamento y cursos actualizados de tiro con arma corta y larga.
A fin de tener un mayor control sobre cuántas personas se desempeñan en este tipo de trabajos, durante los primeros cinco días del mes los empleadores deberán informar mediante los formatos establecidos por la Dirección General de Seguridad Privada sobre la totalidad de la plantilla actualizada del personal directivo, administrativo, operativo y técnico con que cuente. Este podrá ser presentado por escrito o a través de las plataformas o medios electrónicos oficiales de la Dirección General de Seguridad Privada.
También en el documento se especifica que las empresas deberán aplicar periódicamente los exámenes correspondientes a los elementos operativos, ante el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública o de la dependencia o entidad del estado competente, bajo la debida supervisión de la Dirección General de Seguridad Privada.
De no pasar las evaluaciones, deberán remitir en los tres días hábiles posteriores al resultado, la documentación que compruebe que los elementos de seguridad privada fueron dados de baja.
Habrá sanciones de hasta más de medio millón de pesos para quienes incumplan
En la iniciativa de reforma no solo se contemplan obligaciones, sino que en caso de no cumplirlas los empresarios de seguridad privada podrán ser multados con hasta 565 mil 700 pesos o el retiro de su autorización para laborar.
Se señala que cuando las empresas reincidan en al menos una vez durante un periodo de tres meses serán acreedoras a sanciones que van de las 500 a 5 mil Unidades de Medida y Actualización, es decir de 56 mil 570 pesos a 565 mil 700 pesos.
De repetir esta conducta a los empleadores del servicio de seguridad privada se les hará la revocación de la autorización, revalidación o modificación otorgadas para su funcionamiento en el estado de Puebla.
Por ahora, esta iniciativa para modificar la Ley de Seguridad Privada se encuentra en espera de ser analizada y votada por las y los legisladores.
Consejo Nacional de Seguridad Privada
Las reformas no han caído en gracia al gremio del Consejo Nacional de Seguridad Privada, pues a decir de su presidente jurídico y de relaciones públicas, Raúl Sapién Santos, se tendrá que hacer una mayor inversión para capacitar “doble” a los trabajadores.
Lo anterior toda vez que según mencionó las empresas que están reguladas ya hicieron esas capacitaciones, mismas que de igual manera se pagan, por lo que ahora se tendrá que acreditar esta preparación ante la instancia que determine el gobierno del estado, lo cual considera afectará a la economía de los empleadores.
Ejemplificó al decir que es como si un maestro que ya se graduó y se tituló ahora tenga que ser evaluado por una universidad del estado, lo que apuntó le parece injusto.
Por ello es que ahora en el CNSP están en espera de tener un acercamiento con el gobernador Alejandro Armenta Mier para que puedan externarle su sentir y llegar a un acuerdo ante las modificaciones que se vislumbran serán avaladas por la bancada de Morena en el Congreso el próximo mes de agosto o septiembre.
