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Por chéster Hernández.
Tecamachalco, Puebla. — Serias dudas sobre la legalidad de la documentación académica y profesional de Roberto Mauricio Rebollar Mier, actual regidor del municipio de Tecamachalco —administrado políticamente por el grupo afín a Nacho Mier— y médico adscrito al ISSSTEP en el estado de Puebla, han comenzado a generar preocupación entre sectores ciudadanos y profesionales, luego de que se detectaran presuntas irregularidades en la cédula profesional y el título universitario con los que se ostenta como médico.

De acuerdo con información y documentos que han circulado en distintos espacios, Rebollar Mier habría presentado durante años un título supuestamente expedido por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), así como una cédula profesional con inconsistencias graves, lo que podría constituir un caso de documentación apócrifa y posible usurpación de profesiones, delito tipificado en la legislación mexicana.
Uno de los elementos más delicados es que la cédula profesional que el hoy regidor utiliza para acreditar su ejercicio médico aparece expedida el 29 de mayo de 1998. Sin embargo, existe un registro previo que indica que ese mismo número de cédula profesional fue expedido en 1997 por la Universidad de Colima, pero a nombre de José Carlos Xicohténcatl Flores, licenciado en Derecho.

Esta coincidencia resulta altamente irregular, ya que las cédulas profesionales son únicas, intransferibles y vinculadas exclusivamente a una persona, una carrera y una institución educativa. La existencia de dos profesionistas distintos —uno del área médica y otro del ámbito jurídico— con el mismo número de cédula podría configurar un fraude documental de gran magnitud.
La gravedad del caso aumenta al considerar que Roberto Mauricio Rebollar Mier ha ejercido funciones médicas dentro de una institución pública de salud, lo que, de confirmarse la falsedad de sus documentos, habría puesto en riesgo directo a la salud pública, además de representar una violación a la confianza depositada por pacientes y autoridades sanitarias.

Ante estos señalamientos, resulta indispensable la intervención inmediata de diversas instancias, entre ellas el Instituto Nacional Electoral (INE), por tratarse de un funcionario electo; el ISSSTEP, cuyo titular es el doctor Godina, institución donde el regidor se desempeña como médico; así como la Abogada General de la BUAP, universidad presuntamente utilizada para respaldar documentación que podría no existir en sus archivos oficiales.
La usurpación de profesiones es un delito que conlleva sanciones penales, administrativas y civiles. A ello se suma el uso de presunta documentación falsa para ocupar cargos públicos, lo que podría derivar en la destitución del puesto, la inhabilitación para ejercer funciones públicas y responsabilidades legales adicionales.
Hasta el momento, Roberto Mauricio Rebollar Mier no ha ofrecido una explicación pública convincente que aclare estas inconsistencias. Su silencio frente a señalamientos de tal magnitud refuerza la exigencia social de una investigación exhaustiva y transparente.
La ciudadanía de Tecamachalco y la sociedad poblana tienen derecho a saber si quienes gobiernan y prestan servicios médicos cumplen con la ley. La verificación de títulos y cédulas profesionales no es un trámite menor: es una obligación del Estado para proteger la vida, la legalidad y la confianza pública.
