Por Chéster Hernández
San Andrés Cholula, Pue.— La administración municipal encabezada por la presidenta Guadalupe Cuautle enfrenta nuevos señalamientos luego de que la regidora Ana Isabel Fernández acudiera ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) para solicitar formalmente la revisión y fiscalización de diversas obras públicas que actualmente se ejecutan en el municipio.
De acuerdo con la regidora, existen dudas fundadas sobre la correcta aplicación de los recursos públicos, así como posibles inconsistencias en los procesos de planeación, adjudicación y ejecución de obras impulsadas por el ayuntamiento. Fernández señaló que, pese a haber solicitado información de manera interna, no ha recibido respuestas claras ni documentación suficiente, lo que la llevó a recurrir a la instancia estatal de fiscalización.
La denuncia ante la ASE representa un golpe directo a la gestión de Guadalupe Cuautle, quien ha sostenido un discurso de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, la acción de una integrante del propio Cabildo evidencia fracturas internas y una creciente inconformidad por la forma en que se toman decisiones clave dentro del gobierno municipal.
Ana Isabel Fernández subrayó que su petición no obedece a intereses personales o partidistas, sino a su obligación como representante popular de vigilar el uso adecuado del erario. “Cuando no hay claridad, la auditoría se vuelve una herramienta necesaria para garantizar que los recursos lleguen a donde deben llegar”, habría expresado.
Hasta el momento, el ayuntamiento de San Andrés Cholula no ha emitido una postura oficial clara y detallada respecto a la solicitud de auditoría, limitándose a declaraciones generales sobre el cumplimiento de la ley. Esta omisión ha fortalecido la percepción de opacidad y ha generado cuestionamientos entre ciudadanos y actores políticos del municipio.
Especialistas en administración pública señalan que una auditoría a las obras podría derivar en observaciones administrativas, sanciones o responsabilidades legales, en caso de detectarse irregularidades. Por ello, subrayan la necesidad de que la presidenta municipal facilite la información requerida y asuma una postura de total transparencia.
La denuncia se da en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia los gobiernos municipales, particularmente en el manejo de la obra pública. En un municipio como San Andrés Cholula, marcado por el crecimiento urbano y la inversión constante, la rendición de cuentas resulta indispensable.
Mientras la Auditoría Superior del Estado analiza la solicitud presentada, la administración de Guadalupe Cuautle permanece bajo el escrutinio público. El resultado de este proceso será determinante para esclarecer si las obras cumplen con la legalidad o si confirman las irregularidades señaladas desde el interior del propio Cabildo.
