Por Chester Hernández.
En los últimos tiempos, hemos sido testigos de cómo algunas comunidades, principalmente en zonas rurales, recurren al cierre de arterias y principales carreteras como una forma de protestar ante situaciones que afectan a sus habitantes. Uno de los motivos más comunes para estas acciones es la desaparición de algún familiar, principalmente jóvenes, lo que lleva a los vecinos a tomar medidas drásticas, como bloquear el paso vehicular en señal de protesta. Sin embargo, al final, cuando los jóvenes son encontrados, generalmente resulta que se habían escondido en un lugar cercano o habían salido sin avisar, lo que pone en evidencia que la situación no justifica el daño ocasionado a terceros.
En este tipo de casos, es imperativo que se aplique la ley, ya que el bloqueo de carreteras es un acto que afecta gravemente las vías de comunicación, las cuales son esenciales para el libre tránsito de las personas y el desarrollo económico de la región. Según los especialistas en la materia, «la ley es muy clara» en cuanto a la necesidad de salvaguardar la libertad de tránsito de la población en todo momento. El cierre vial, por lo tanto, constituye un delito que no solo causa pérdidas económicas, sino que también afecta la salud pública, el orden y la seguridad.
En 2021, el Congreso de la Unión y el Senado aprobaron reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación con el objetivo de sancionar el bloqueo de carreteras. Estas reformas establecieron penas de prisión de hasta 7 años y una multa económica que puede alcanzar los 54,000 pesos para aquellos que tomen esta medida ilegal.
No obstante, es importante recalcar que el cierre de carreteras debe ser visto como una medida extrema, tomada solo cuando otros canales de comunicación no han dado resultados. En muchos de los casos, los problemas que desencadenan estas protestas están en manos de las autoridades, quienes deben garantizar una respuesta oportuna y adecuada para evitar que los ciudadanos sientan que no tienen otro recurso más que bloquear las vías de comunicación.
Si bien las autoridades deben escuchar las demandas de la población, también es fundamental que se sancione a quienes afectan el libre tránsito y el bienestar de otros. La sociedad necesita contar con mecanismos de protesta que no pongan en peligro el orden público ni el derecho de otros ciudadanos a desplazarse libremente. Es crucial que se refuercen las legislaciones en torno a estos actos para evitar que el bloqueo de carreteras se convierta en una práctica común y permita, a su vez, una resolución efectiva de los conflictos sociales.
Ya no más falta que cuando se pierda el perro o el gato también quieran cerrar las carreteras, y todo por negligencia de las autoridades de no aplicar la ley a quienes cometen este delito.
