Por Chéster Hernández
En Cuautlancingo, la seguridad pública atraviesa un momento delicado que exige claridad y responsabilidad por parte del presidente municipal, Omar Muñoz. Existen señalamientos y preocupaciones ciudadanas respecto a que varios elementos de la corporación podrían no contar con el Certificado Único Policial (CUP) completo, requisito indispensable para ejercer plenamente funciones como detenciones e imposición de infracciones conforme a la ley.
De confirmarse esta situación, el problema no sería menor. Un policía sin certificación integral enfrenta limitaciones legales para desempeñar funciones operativas, lo que podría comprometer la validez de detenciones, aseguramientos o sanciones administrativas. Esto no es un asunto político, sino jurídico.
El CUP no se reduce al examen de control y confianza. Para estar completo, exige formación inicial o equivalente, evaluación de competencias básicas o profesionales y evaluación del desempeño, tal como lo establece el artículo 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La certificación no es un trámite decorativo: es el sustento legal que respalda la actuación policial.
Si la administración municipal no ha garantizado que todos sus elementos cuenten con esta certificación vigente y completa, entonces la autoridad tiene la obligación de informar con transparencia cuál es el estatus real de la corporación y qué acciones correctivas se están implementando. La opacidad, en un tema tan sensible, sólo incrementa la desconfianza ciudadana.
Cuautlancingo no puede permitirse una policía debilitada por omisiones administrativas. La seguridad pública exige profesionalización, cumplimiento normativo y rendición de cuentas. Gobernar implica anticiparse a los riesgos legales y operativos, no reaccionar cuando el problema ya escaló.
La ciudadanía merece certeza: policías debidamente certificados, actuaciones legales incuestionables y una autoridad que garantice que la ley se cumple hacia adentro antes de exigirla hacia afuera.
