Por Chéster Hernández
El reciente y “misterioso” asalto a la clínica número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en las inmediaciones de San Bartolo, ha dejado más dudas que respuestas. Lejos de tratarse de un simple hecho delictivo, el caso expone un problema mucho más profundo: el permanente desabasto de medicamentos y las presuntas prácticas de corrupción al interior de las propias instituciones de salud.
Para empezar, derechohabientes y vecinos coinciden en una realidad conocida desde hace años: en esa clínica rara vez hay medicamentos. Los pacientes que acuden a consulta suelen salir únicamente con paracetamol, naproxeno, algunas curitas o, con suerte, antibióticos básicos. Resulta entonces inevitable cuestionarse qué tipo de botín podría obtener un grupo delictivo en un lugar donde, según los propios usuarios, prácticamente nunca hay insumos médicos suficientes.
La clínica, además, se supone que opera las 24 horas del día debido a su servicio de urgencias. Bajo esa lógica, la seguridad debería ser permanente y estricta. Sin embargo, el supuesto asalto ocurrió en circunstancias poco claras, lo que ha provocado que ciudadanos y trabajadores comiencen a preguntarse si realmente se trató de un robo externo o si detrás podría existir otra explicación.
El tema se vuelve todavía más polémico cuando se observa un fenómeno que desde hace tiempo circula en voz baja entre la población: la venta irregular de medicamentos en tianguis y mercados populares. En puntos como el tianguis de San Isidro Xonaca o el mercado ambulante de la 7 Sur, en la colonia Loma Bella, es común encontrar puestos donde se ofrecen fármacos a precios bajos y sin ningún control sanitario.
Lo que resulta aún más preocupante es que, de acuerdo con diversas denuncias ciudadanas, muchos de los vendedores de estos medicamentos tienen o han tenido relación laboral con instituciones médicas públicas. Esta situación alimenta una sospecha persistente: que parte del desabasto que sufren hospitales y clínicas podría estar relacionado con el llamado “robo hormiga”, es decir, la sustracción sistemática de insumos por parte de trabajadores desleales.
No se trata únicamente de medicamentos. También existen múltiples testimonios de personas que aseguran haber visto en domicilios particulares sábanas, toallas y otros artículos con los logotipos oficiales de hospitales y clínicas públicas. Objetos que, en teoría, deberían permanecer dentro de las instituciones al servicio de los pacientes.
Si estas prácticas son reales, el problema va mucho más allá de un supuesto asalto. Se trataría de un sistema de filtración constante de recursos públicos que termina afectando directamente a quienes dependen de los servicios de salud.
Por ello, el caso del presunto robo en la clínica del IMSS número 7 no debería cerrarse con explicaciones superficiales. Las autoridades tienen la obligación de investigar a fondo, transparentar lo ocurrido y, sobre todo, revisar los controles internos. De lo contrario, los pacientes seguirán enfrentando la misma realidad: clínicas con estantes vacíos mientras, en algún lugar del mercado informal, esos mismos medicamentos aparecen a la venta.
