Por Chéster Hernández.
Ciudadanos mandaron a esta redacción información de un supuesto tráfico de influencias en el municipio de Amozoc de mota Puebla, y exigen aclaración de autoridades municipales, por
un accidente vehicular que ocurrió ayer domingo, alrededor de las 16:30 horas, lo que a generado indignación en el municipio que gobierna la luz del infierno, una fuerte controversia pública luego de que ciudadanos denunciaran presuntas irregularidades en la actuación de corporaciones municipales durante la atención del percance.
De acuerdo con versiones difundidas por testigos, en el incidente estaría involucrada Barny de la Rosa Barrales, identificada por los denunciantes como la hija del presidente municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa. A partir de este hecho, surgieron cuestionamientos sobre el despliegue de elementos de la Policía Municipal, Seguridad Vial y ambulancias del Ayuntamiento en un tramo que, según los señalamientos, corresponde a jurisdicción estatal.
Ciudadanos han señalado que dicha intervención podría no corresponder a las facultades ordinarias de las autoridades municipales, por lo que solicitan se aclare quién ordenó el operativo, bajo qué fundamento legal se realizó y si existió o no coordinación con autoridades estatales.
Asimismo, se ha generado inconformidad respecto al manejo del incidente y la atención brindada, al considerarse por algunos testigos que habría existido un trato diferenciado en la actuación de las autoridades. Sin embargo, estas versiones no han sido confirmadas por ninguna instancia oficial.
Otro punto que ha sido motivo de debate es la situación de los elementos policiales que participaron en la atención del accidente, respecto a su certificación conforme al Certificado Único Policial (CUP). En ese sentido, ciudadanos han solicitado información oficial sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa nacional de seguridad pública.
Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento oficial que explique la actuación de las corporaciones municipales ni que aclare los señalamientos vertidos por la ciudadanía.
Ante ello, habitantes exigen transparencia y una investigación que permita determinar si la intervención de las autoridades se apegó a la legalidad o si existieron irregularidades administrativas o de procedimiento.
Las autoridades correspondientes deberán esclarecer los hechos y, en su caso, deslindar responsabilidades, a fin de garantizar la confianza ciudadana y el apego al Estado de derecho, ya que la omisión es parte de una comisión del delito.
