Por Chester Hernández
Martes 03 de febrero de 2026
Durante décadas, el transporte público en Puebla ha operado bajo una lógica de tolerancia, omisión y acuerdos políticos que privilegiaron intereses particulares por encima de la seguridad de las familias. Hoy, ante un proceso de modernización y regularización sin precedentes, un sector minoritario de concesionarios pretende imponer condiciones al Estado mediante el chantaje, la presión mediática y la amenaza del caos vial. El mensaje del Gobierno de Puebla es claro: no habrá marcha atrás.
De los 24 mil 730 concesionarios y permisionarios registrados oficialmente, 21 mil 786 cumplieron con los trámites que exige la ley. Esta cifra desmonta el discurso de quienes intentan presentarse como víctimas de un supuesto “abuso de poder”. La realidad es otra: la mayoría sí cumplió, modernizó sus unidades y entendió que la seguridad de los usuarios no es negociable.
El gobernador Alejandro Armenta fue contundente al señalar que el Programa de Modernización y Regularización del Transporte Público no tiene fines recaudatorios. Las facilidades fiscales, la eliminación de trabas burocráticas y los esquemas de financiamiento evidencian que el objetivo fue apoyar, no castigar. Sin embargo, el apoyo no puede confundirse con impunidad.
El problema no es administrativo, es estructural. Un vehículo irregular, sin revista vehicular ni permisos vigentes, es un riesgo ambulante. No garantiza frenos en buen estado, ni condiciones mecánicas adecuadas, ni responsabilidad legal en caso de un accidente. Aun así, hay quienes se resisten a cumplir y buscan presionar al gobierno bajo el argumento de la “afectación económica”, olvidando que transportan vidas, no mercancías.
La secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, detalló que 3 mil 137 unidades no realizaron la revista vehicular pese a contar con pagos al corriente. En términos legales, estas concesiones son susceptibles de revocación. No obstante, el gobierno optó por una salida institucional: permitir la regularización mediante el pago de sanciones, dejando claro que no se trata de una prórroga ni de un premio al incumplimiento.
Aquí es donde el chantaje queda al descubierto. Mientras miles de concesionarios hicieron el esfuerzo por cumplir, otros buscan mantener privilegios adquiridos al margen de la ley. Pretenden que el desorden continúe y que el Estado siga mirando hacia otro lado. Esa etapa terminó.
Las sanciones económicas, que van de 165 a 245 UMAS, y los operativos de verificación anunciados no son medidas arbitrarias, sino herramientas legales para recuperar el control de un sistema históricamente secuestrado por intereses particulares. El retiro de circulación de unidades sin placas o documentación vigente es una acción mínima frente al nivel de riesgo que representan.
El gobierno estatal ha sido claro: habrá cero tolerancia al transporte irregular. No por capricho, sino por responsabilidad. La seguridad de las familias poblanas está por encima de cualquier presión gremial o amenaza de movilización.
El mensaje final es inequívoco: quien quiera operar transporte público debe hacerlo conforme a la ley. El chantaje no será moneda de cambio. En Puebla, el orden no se negocia.
