Por Rodolfo Herrera Charolet
Dice la conseja popular que la oportunidad la pintan calva y la designación de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República, le vino como anillo al dedo para reanudar su lucha en contra de la UDLAP, en su disputa de nombre y logotipo, como parte de un supuesto convenio con uno de los herederos del apellido Jenkins.
Algo cambió sin embargo a mediados de 2020. El relevo en la administración federal, en el Gobierno de Puebla y en la propia Fiscalía, que se convertía en un ente autónomo, sacudió los cimientos del caso. En junio, el subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, Juan Ramos, mano derecha del fiscal, Alejandro Gertz, ordenó revocar el archivo de la denuncia de Guillermo Jenkins De Landa. El abogado representante legal de la UDLA y que en ese momento se desempeña en un cargo público, no dudo en darle vida al expediente y con una argucia de poder, más no legal, enderezó una estrategia de persecución en contra de la familia Jenkins, que en ese momento se refugiaron en los Estados Unidos.
La UDLA, la de Gertz Manero, había perdido un viejo conflicto, el nombre, logotipo y prestigio se quedó en poder de la Fundación y de la UDLAP. El campus de Cholula y los fondos de la fundación Mary Street Jenkins permanecieron en Puebla, mientras que una parte de los profesores se fueron a Ciudad de México, constituyendo la UDLA, Asociación civil. El antiguo México City Collage, que había dado origen a la UDLAP, nacido en la década de 1940 cuando se mudó de Ciudad de México a Puebla.
En cualquier caso, el ahora fiscal Gertz, que se desempeñó como Secretario de Seguridad Púbica en el gobierno de Vicente Fox Quezada, se convirtió en rector de la UDLA, A. C. en 2007, con asiento en la Ciudad de México. Inició entonces una pugna con la UDLAP por el uso del logo y la marca comercial, demanda que encausó el abogado Juan Ramos López, como el apoderado legal, que ahora se desempeña como Titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. En aquella ocasión la pugna que llegó a los tribunales y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Le dieron la razón a la UDLAP en contra de las aspiraciones de Gertz y su representante el abogado Ramos.
Ahora la Fiscalía retomó de forma ilegal la investigación -la que tenía que ver con un posible delito de fraude- y la mandó a la Fiscalía de Puebla. En febrero de 2021, los investigadores federales lograron órdenes de búsqueda y captura de un juez en contra de la familia Jenkins encabezada por la mamá de la contraparte, Guillermo Jenkins; por el presunto delito de fraude y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo para pesar de los demandantes, gran parte de los recursos de la Fundación ya había salido del país y la familia Jenkins demandada y denunciada, había volado meses antes a la parte sur de California.
Ante las órdenes de aprehensión, la Junta en Puebla, ya bajo el dominio del nuevo gobernador, Miguel Barbosa Huerta, ordenó la destitución de Roberto y familia Jenkins del patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, para designar otro patronato con el fin de controlar la universidad.
Si bien Roberto y la familia Jenkins donaron la mayoría de vienes a su fundación en Aguascalientes, no hicieron trámites con respecto al campus universitario ubicado en Cholula, porque a su juicio nunca advirtieron que el gobierno del Estado actuaría de la forma que lo hizo, afirmó el abogado de la Fundación Alejandro González.
Guillermo Jenkins de Landa hizo todo lo posible por apoderarse de bienes de la Fundación, según él, para mantener el objetivo para la cual fue creada, sin embargo la intervención del gobierno, provocó mayor encono y que la riqueza migrara a un espacio para ellos inalcanzable, de donde resulta poco probable que retornen, al menos mientras los principales promotores de la embestida se mantengan encaramados en el poder, que ahora ostentan.
La familia Jenkins Landa desde su cuartel en el extranjero fue clara al señalar que el “testamento del señor Jenkins dice que en un momento dado, si la fundación se ve amenazada, por la causa que sea, se puede disolver, ¿ok? Nosotros no queremos extinguirla, estamos luchando para que siga, pero si no, ahí está la cláusula”.
En el diferendo de la UDLA Vs. UDLAP la oportunidad la pintan calva.
¿O no lo cree usted?