Por Chester Hernández
Este 22 de abril, en la ceremonia del Asta Bandera del Zócalo capitalino, representantes de pueblos originarios de la región cholulteca —Cholula, Tlaxcalancingo, Acatepec, Comac, Cacalotepec, Tonantzintla y Tehuiloyocan— alzaron la voz una vez más en defensa de su territorio, sus recursos y su forma de vida. Lo hicieron en rueda de prensa, presida por Fortino Cuautle, Juan Carlos Flores Solís e Hilario Alonso, para denunciar lo que han llamado con claridad: un despojo sistemático de más de 30 años a manos de Grupo Proyecta, autoridades estatales y municipales, y fraccionadores vinculados al llamado “Cártel Inmobiliario de Puebla”.
Los pueblos denuncian que este grupo empresarial ha destruido territorio ancestral con la construcción masiva de residencias, edificios y centros comerciales, generando millones de dólares a costa del agua, la tierra y el tejido social de las comunidades. El negocio ha sido respaldado por mecanismos de expropiación, encarecimiento de impuestos, ocupación ilegal de terrenos y represión policiaca. Todo esto, con la complicidad de los gobiernos municipales de San Andrés Cholula y Santa Clara Ocoyucan.
La urbanización desbordada, lejos de resolver problemáticas como el tráfico o el acceso a servicios, ha profundizado la crisis ambiental y social. La región se ha convertido en la segunda que más basura genera en el estado, alcanzando 150 toneladas diarias, lo que ha colapsado el Basurero Intermunicipal de San Pedro Cholula. Pese a su cierre definitivo el 21 de marzo de 2024 por parte de los pueblos organizados, el gobierno ha respondido con represión armada, manteniendo en la impunidad hechos tan graves como el ataque armado del 30 de abril.
Los manifestantes exigieron también la liberación inmediata de José Emiliano Zambrano, defensor del territorio encarcelado desde hace ocho meses por oponerse a la destrucción del cerro de Santa María Malacatepec, cuya riqueza natural ha sido objeto de reiterados rechazos por parte de la SEMARNAT ante los planes depredadores de Grupo Proyecta.
Denuncian que los Programas de Desarrollo Urbano han sido diseñados a la medida del negocio inmobiliario, ignorando por completo las estrategias de planeación territorial de los pueblos originarios, que buscan preservar su tierra y permitir un crecimiento natural y sustentable.
El gobernador Alejandro Armenta ha simulado indignación, pero sus acciones favorecen la continuidad del negocio. Las comunidades advierten que la relocalización de la caseta de la autopista a Atlixco representa un nuevo intento de despojo para pueblos como San Antonio Cacalotepec.
“De los gobiernos no vendrá la justicia”, concluyen. Por ello convocan a todas las personas solidarias a reunirse el próximo domingo 18 de mayo a las 10 a.m. en el cerro Cacaloteptl, para documentar, denunciar y organizar la resistencia ante una urbanización que amenaza con borrar siglos de historia, cultura y dignidad.
