Por: Chester Hernández.
Puebla vuelve a ser epicentro de la descomposición institucional. La noche del jueves 26 de junio, cinco elementos activos de la Guardia Nacional fueron detenidos al sur de la ciudad, acusados de colaborar con el grupo criminal conocido como “Los Michoacanos”, una organización ligada a extorsiones, secuestros y ejecuciones en los mercados Hidalgo y zonas aledañas.
La aprehensión fue realizada por la Policía Municipal, que atendía un reporte ciudadano en un bar de la zona. Lo que parecía una inspección rutinaria derivó en el hallazgo de una reunión escandalosa: uniformados federales compartiendo mesa con criminales de alto perfil. La escena habla por sí sola y evidencia lo que muchos ya sospechaban: la penetración del crimen organizado en cuerpos de seguridad supuestamente encargados de protegernos.
“Los Michoacanos” no solo operan con total impunidad en los mercados populares de la ciudad, sino que además son señalados como responsables de los recientes ejecutados abandonados en “Los Lavaderos”, en plena disputa territorial contra otro grupo violento, el de “La 14”, brazo armado de la agrupación radical “28 de Octubre”. La guerra por el control de las plazas comerciales ha convertido estos espacios en zonas de alto riesgo para locatarios y ciudadanos.
Que integrantes de la Guardia Nacional —la corporación en la que el Estado ha depositado su mayor confianza— se encuentren del lado de los criminales es una afrenta directa a la ciudadanía. Este hecho debe obligar a las autoridades federales a revisar de raíz los procesos de reclutamiento, supervisión y evaluación dentro de sus filas. La confianza pública está colapsando.
La FGR aún no ha emitido un comunicado oficial. Mientras tanto, los poblanos se preguntan: ¿cuántos más están del otro lado? ¿Cuántos protegen a los verdugos del pueblo con uniforme, placa y sueldo público? La corrupción institucional no puede seguir tratándose como una anécdota aislada. Es un cáncer que está devorando las bases mismas del Estado.
