Por Chester Hernández
La caída finalmente ocurrió. La detención del síndico municipal de San Pedro Cholula no solo confirma lo que durante semanas fue un rumor persistente, sino que deja al descubierto —con una contundencia difícil de matizar— la podredumbre que se había instalado dentro de la sindicatura del ayuntamiento. No se trata de un hecho aislado, sino del síntoma más visible de una estructura que, presuntamente, operó al margen de la ley y con absoluta impunidad.
Iván Cuautle Minutti, hasta ahora síndico municipal, se mantenía en el cargo pese a múltiples señalamientos: acuerdos opacos, cobros en efectivo y la asignación discrecional de concesiones. Su negativa a renunciar, incluso cuando las acusaciones ya eran de dominio público, no solo evidenciaba una apuesta por la permanencia, sino una alarmante normalización del abuso de poder dentro de la administración local.
De acuerdo con diversas fuentes, reuniones clave se realizaban en el restaurante “Los Güeros”, un espacio que pasó de la cotidianidad a convertirse en escenario de negociaciones presuntamente irregulares. En ese punto coincidían funcionarios y actores de poder local, como el líder tianguista Antonio Islas y un exdirector de Normatividad, configurando una red donde los intereses particulares parecían imponerse sistemáticamente sobre cualquier principio de legalidad.
Uno de esos encuentros derivó, según testimonios, en la entrega de 300 mil pesos en efectivo para gestionar la instalación de un tianguis en zonas estratégicas del municipio. El dato es particularmente grave: no existe registro oficial, convocatoria pública ni procedimiento administrativo que respalde dicha operación. Peor aún, el acuerdo ni siquiera habría sido cumplido por el propio síndico, lo que no solo apunta a corrupción, sino también a prácticas de engaño dentro de la misma red de complicidades.
A este entramado se suman versiones sobre la oferta de concesiones a largo plazo —hasta por diez años— para servicios dentro del CERESO de Cholula y espacios públicos como sanitarios, todo sin licitación ni transparencia. Promesas hechas en lo oscuro, al margen de cualquier marco normativo, que convierten la función pública en una moneda de cambio y erosionan la confianza ciudadana.
El esquema se completaba con una red de comunicación igualmente irregular: contactos directos a través de líneas celulares personales, sin registros ni controles institucionales. La opacidad, lejos de ser un descuido, parecía operar como una herramienta deliberada para evitar la rendición de cuentas.
La presidenta municipal, Tonantzin Fernández, ha declarado que nadie está por encima de la ley. La detención del síndico representa una oportunidad para que esa afirmación deje de ser retórica y se traduzca en acciones concretas. Sin embargo, la pregunta de fondo permanece intacta: ¿hasta dónde se extiende esta red y quiénes más están involucrados?
San Pedro Cholula no necesita únicamente un detenido; exige una investigación a fondo, sanciones ejemplares y una reestructuración real del aparato gubernamental. Porque cuando la corrupción se instala, se normaliza y se ejerce desde las instituciones, el problema deja de ser individual: es estructural. Y hoy, más que nunca, esa estructura ha quedado expuesta.
