Reforma a la Ley General de Aguas busca frenar venta de concesiones y endurecer sanciones

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La modificación a la Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales, impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, plantea prohibir la comercialización de concesiones hídricas entre particulares, así como incrementar al doble las sanciones económicas por irregularidades y establecer nuevas figuras delictivas relacionadas con la transferencia ilegal de títulos de concesión.

La iniciativa de reforma —presentada el pasado 7 de octubre ante la Cámara de Diputados— tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de supervisión y control sobre el uso y administración del agua en el país.

De acuerdo con el documento, el Ejecutivo federal pretende otorgar mayores atribuciones a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entre ellas la facultad de impedir la compraventa, transmisión o herencia de las concesiones entre privados.

Uno de los puntos centrales de la reforma impulsada por el Ejecutivo federal es el incremento de las penalizaciones por la comisión de delitos vinculados al manejo irregular de concesiones hídricas, ya que las multas serán duplicadas.

De acuerdo con la iniciativa, las sanciones económicas pasarán del rango actual de 260 a 26 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) —equivalentes a entre 29 mil y casi 3 millones de pesos— a un nuevo intervalo que va de 260 a 50 mil UMA. Con ello, las penalizaciones podrán ascender hasta los 5 millones 657 mil pesos.

En ese marco, la propuesta también incorpora un catálogo ampliado de delitos con el fin de tipificar y sancionar diversas conductas consideradas de alto riesgo.

Entre estas faltas se encuentran el traslado de aguas nacionales sin la autorización correspondiente, así como la alteración, desvío u obstrucción de cauces y corrientes, acciones que puedan provocar daños o poner en peligro la integridad de la población y de los ecosistemas.

Además, se plantea castigar con mayor severidad a quienes manipulen o modifiquen los equipos de medición de volúmenes hídricos con la finalidad de simular un consumo menor y obtener beneficios económicos de manera fraudulenta.

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