Así lo dice La Mont
Se fue: La reciente dimisión de César Jáuregui Moreno como titular de la Fiscalía General del Estado cimbró los cimientos políticos de Chihuahua, al marcar un punto de inflexión en la administración de Maru Campos. Los hechos que precipitaron esta salida no son menores: una incursión de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio chihuahuense que culminó en tragedia. La muerte de estos agentes tras el hallazgo de laboratorios estratégicos de narcotráfico abrió una grieta de desconfianza institucional sobre la soberanía nacional. En su mensaje de despedida, Jaureguí admitió omisiones graves y reconoció que la información inicial sobre la presencia de extranjeros fue inconsistente, lo que obligó a una investigación federal por presuntos delitos contra la seguridad nacional. Este escándalo no solo debilita al gabinete estatal, sino que previo solicitud de extradición por parte de EU del Gobernador Rocha Moya de Sinaloa alteró drásticamente el tablero de ajedrez rumbo al 2027. En este escenario de crisis, la alternancia política comienza a dibujarse con perfiles contrastados pero potentes. Cruz Pérez Cuéllar, el alcalde de Ciudad Juárez, se erige actualmente como el cuadro mejor posicionado en las mediciones de intención de voto. Su gestión en la frontera, respaldada por un alto nivel de conocimiento y una base electoral sólida, lo coloca como la carta fuerte del oficialismo federal para arrebatarle el estado al panismo. Por otro lado, la figura de la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño —perfil estrechamente ligado al exgobernador y senador presidente de la Comisión de justicia Javier Corral— comenzó a ganar la atención como una alternativa de ruptura incluso dentro de los bloques opositores tradicionales, simbolizando una política de fiscalización y combate a la corrupción que resuena con el electorado herido por los recientes escándalos de seguridad. La complejidad de gobernar Chihuahua no se limita a la politiquería sino al violento mapa de control territorial. Actualmente, el estado es un campo de batalla donde operan los cárteles de Sinaloa y Juárez, con sus brazos armados respectivos: “Gente Nueva” y “La Línea”. Estas organizaciones no solo controlan el tráfico de fentanilo y metanfetaminas hacia los Estados Unidos, sino que diversificaron sus operaciones hacia la tala clandestina en la Sierra Tarahumara y el control de laboratorios sintéticos, como los descubiertos por los agentes de la CIA antes de perecer. La presencia de células locales y la incursión reportada de elementos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en zonas limítrofes añade una capa de inestabilidad que cualquier aspirante a la gubernatura deberá enfrentar con algo más que retórica. Hacia el 2027, las preferencias de los partidos muestran una polarización marcada. Morena lidera las encuestas de preferencia bruta, capitalizando el desgaste del gobierno estatal y la fuerza de sus programas sociales en zonas rurales y fronterizas. El Partido Acción Nacional (PAN), aunque mantiene un voto duro histórico en la capital y centros urbanos del centro-sur, se encuentra en una fase de introspección y defensa tras la crisis en la Fiscalía. El PRI, por su parte, se debate entre ser un acompañante testimonial del bloque opositor o intentar rescatar fragmentos de su estructura territorial, aunque su preferencia electoral sigue estancada en un dígito, funcionando más como una bisagra que como una fuerza capaz de liderar la contienda de manera independiente. Dentro de los candidatos mejor posicionados, además del ya mencionado Cruz Pérez Cuéllar, destacan nombres que intentan equilibrar el peso político. Por parte del bloque oficialista estatal, la actual gobernadora aún no define un sucesor claro, aunque se mencionan figuras del gabinete que intentan mantener distancia del escándalo Jauregui. No obstante, el crecimiento de la senadora Chávez Treviño vinculada a Javier Corral representa un desafío directo al “Maru-duartismo” que la oposición interna señala constantemente. Ella logró capitalizar su posición en el Senado y su cercanía con la Comisión de Justicia para presentarse como la garantía de un estado de derecho real, en un momento donde la presencia no autorizada de agencias extranjeras lástima profundamente el orgullo y la legalidad en el estado grande.
