Chester Hernández
La procuración de justicia no puede sostenerse sobre la opacidad, la omisión ni la complicidad. En un verdadero Estado de derecho, la figura del fiscal no sólo está obligada a investigar delitos, sino a responder política, ética y legalmente por los actos de quienes integran su estructura. Por ello, es indispensable cuestionar con firmeza la actuación de la fiscal del estado, Idamis Pastor Betancourt, ante los graves señalamientos que pesan sobre fiscales traídos desde la Ciudad de México para operar en Puebla.
Si la fiscal realmente desconocía que estos funcionarios se dedicaban presuntamente a extorsionar, robar y fabricar carpetas de investigación, hoy tiene la oportunidad —y la obligación— de demostrarlo con hechos, no con discursos. La única vía creíble para deslindarse es ponerlos de inmediato a disposición de la autoridad competente, para que enfrenten la justicia por los delitos de abuso de autoridad, extorsión y todos aquellos que se desprendan de las investigaciones correspondientes.
Resulta poco creíble que una red de prácticas ilícitas de esta magnitud pudiera operar sin el conocimiento de la titular de la Fiscalía. La ignorancia no exime responsabilidad, y menos aún cuando se trata de funcionarios que fueron invitados, nombrados y respaldados desde la propia institución que hoy intenta deslindarse de sus acciones.
Si la fiscal Idamis Pastor Betancourt no actúa conforme a la ley y no procede legalmente contra estos personajes, el mensaje será claro y alarmante: existía complicidad. Callar, proteger o encubrir equivale a aceptar que se sabía perfectamente lo que estos “invitados” de la Ciudad de México estaban haciendo en Puebla, utilizando la justicia como un instrumento de abuso, presión y extorsión.
El Estado de derecho no puede ser vulnerable ni selectivo. Puebla no puede permitir que la justicia se negocie, se fabrique o se utilice como arma contra los ciudadanos. Como lo ha señalado el propio gobernador del estado, en Puebla la ley debe aplicarse con firmeza, imparcialidad y justicia, sin excepciones ni privilegios.
Hoy, la Fiscalía del Estado enfrenta una prueba definitiva de credibilidad. O se actúa con legalidad y se castiga a los responsables, caiga quien caiga, o se confirma que la corrupción ha alcanzado a la institución encargada de combatirla. En este escenario no hay espacio para ambigüedades: o se es justo, o se es cómplice.
