Al menos ocho personas fueron detenidas este jueves en Mineápolis durante las protestas por la muerte de una mujer a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El pasado miércoles el agente de ICE, identificado como Jonathan Ross, disparó y mató a Renee Nicole Good durante un operativo de gran escala del ICE en un barrio residencial, por al parecer ignorar demandas de los agentes de bajar del vehículo.
El gobierno federal denunció que la víctima intentó embestir con su vehículo a un agente. De acuerdo con esa versión, el oficial realizó el disparo como respuesta directa a esa acción. Esta explicación fue difundida por el presidente Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Al contrario, autoridades estatales y municipales presentaron una versión distinta basada en videos grabados por testigos. Según estos, los agentes se aproximaron al vehículo y dispararon mientras la conductora intentó retirarse del lugar.
La víctima tenía 37 años, ella junto con su esposa y un menor de seis años se mudaron a Mineápolis el año pasado de acuerdo al Daily Mail, la esposa mencionó que: “Somos nuevos aquí, no tenemos a nadie”.
El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, repugnaron la versión federal del incidente. Ambos funcionarios solicitaron aclaraciones sobre el uso de la fuerza y la actuación de agentes federales en zonas residenciales. Las autoridades locales reiteraron su postura ante medios de comunicación.
«Tengo un mensaje para nuestra comunidad, nuestra ciudad y para ICE: a ICE, lárguense de Minneapolis«, dijo Jacob Frey
Desde la Casa Blanca se difundieron mensajes de respaldo al ICE en redes sociales. En paralelo, legisladores del Partido Demócrata realizaron señalamientos públicos contra la agencia y pidieron investigaciones sobre el caso. El debate se trasladó a nivel nacional.
El despliegue federal en Mineápolis incluyó alrededor de dos mil agentes, de acuerdo con cifras oficiales. Esta operación derivó en más de mil quinientas detenciones relacionadas con acciones de control migratorio en distintos puntos de Minnesota.
Debido al aumento de protestas, el gobernador Tim Walz declaró el estado de emergencia en Minnesota. La medida permitió la coordinación de recursos estatales para atender posibles alteraciones al orden público. Las autoridades estatales informaron sobre la activación de protocolos de seguridad.
Como parte de estas acciones, la Guardia Nacional permaneció en alerta con cerca de siete mil quinientos efectivos disponibles para su despliegue. Los elementos se ubicaron en puntos estratégicos con el objetivo de resguardar instalaciones y vialidades.
Por su lado, el distrito de Escuelas Públicas de Mineápolis suspendió clases y actividades para el jueves 8 y viernes 9 de enero. La decisión respondió a consideraciones de seguridad ante la situación en las calles. Las autoridades escolares informaron que no se impartieron clases virtuales.
Las protestas se desarrollaron frente al edificio federal Bishop Henry Whipple, donde operan oficinas de la agencia migratoria. Desde las primeras horas del día, grupos de manifestantes se concentraron en la zona.
Durante la protesta, los asistentes lanzaron consignas dirigidas a los agentes federales apostados en el inmueble. Elementos de seguridad formaron barreras humanas para impedir el acceso al edificio. En el transcurso de los enfrentamientos, los agentes utilizaron gases químicos para dispersar a la multitud, lo que provocó la retirada parcial de los manifestantes.
Las detenciones se realizaron por alteraciones al orden público según las autoridades locales. La presencia policial se mantuvo reforzada en el centro de la ciudad.
Las protestas iniciaron un día antes. El hecho generó una respuesta inmediata de colectivos sociales y activistas, quienes convocaron a nuevas concentraciones para los días siguientes.
