La presidente Claudia Sheinbaum aseguró que el gobierno de México no encubrirá a ningún funcionario involucrado en delitos, pero advirtió que tampoco permitirá “intromisiones” o acusaciones sin pruebas por parte de Estados Unidos, luego de que el Departamento de Justicia estadounidense acusara al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya de trabajar el cártel que domina ese estado.
En respuesta a la solicitud de detener para extraditar a Rocha, al senador Enrique Inzunza, al presidente municipal de Culiacán, así como mandos de corporaciones policíacas y de procuración de justicia, la presidenta advirtió que si la Unión Americana no presenta “pruebas claras” sobres estas personas “es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”.
“Pruebas, pruebas, no es nada más un dicho de una persona; tiene que haber pruebas contundentes conforme a la legislación mexicana”, afirmó. Añadió que, incluso si hubiera elementos en contra, “primero tendría que haber una un desafuero”, y recalcó que todo debe resolverse “bajo el estado de derecho*”.
También, afirmó que la ley no puede aplicarse de forma distinta según el partido del funcionario involucrado. Según dijo, actuaría del mismo modo “tratándose de un gobernador del Pri, del Pan, de Movimiento Ciudadano”, y rechazó cualquier trato diferenciado por afinidad partidista: “Que porque es de otro partido voy a actuar distinto, no. Me corresponde defender la constitución, las leyes y la soberanía”.
Durante su conferencia matutina, la mandataria detalló que la noche del 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió 10 solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra ciudadanos mexicanos, mismas que fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis conforme a la legislación nacional.
Sin embargo, Sheinbaum Pardo cuestionó que, un día después, el Departamento de Justicia hiciera públicas las acusaciones mediante un documento denominado “acusación de reemplazo bajo reserva”.
“Esto lleva un extrañamiento jurídico de Relaciones Exteriores, dado que estos procesos son confidenciales acorde con los tratados en la materia”, señaló.
FGR revisará si existen pruebas suficientes
La jefa del Ejecutivo federal recordó que la propia FGR informó que analizará la documentación enviada por Estados Unidos para determinar si existen elementos probatorios suficientes que permitan solicitar órdenes de aprehensión en México.
Además, explicó que la Fiscalía abrió una investigación paralela para verificar si las acusaciones cuentan con sustento legal y datos de prueba válidos bajo la legislación mexicana.
“La legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba”, sostuvo.
Sheinbaum reiteró que será la FGR, y no autoridades extranjeras, la instancia responsable de determinar si existen elementos para proceder penalmente.
La mandataria también cuestionó la posibilidad de señalar a un gobernador sin sustento probatorio. En ese sentido, formuló la pregunta: “*¿Cómo la presidenta va a acusar a un gobernador? Sin pruebas?*”, insistiendo en que la función del gobierno no es anticipar condenas, sino respetar la legalidad.
“No vamos a cubrir a nadie”
La mandataria enfatizó que su gobierno actuará conforme a derecho si se presentan pruebas contundentes contra cualquier funcionario o político mexicano. “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, afirmó.
La presidenta dijo que México mantiene una relación de igualdad con Estados Unidos y rechazó cualquier acto que vulnere la soberanía nacional. En sus palabras: “la defensa de la soberanía es esta, es un principio. Que no puede, bajo ningún motivo, negociarse”.
“México es un país grandioso con un pueblo generoso y trabajador; establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación”, expresó.
Aseguró que el gobierno federal defenderá la soberanía nacional y rechazó que autoridades extranjeras pretendan influir en decisiones que corresponden exclusivamente a México.
“No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero venga a decidir el futuro del pueblo de México”, expresó. No obstante, criticó que, según la información enviada por Estados Unidos las pruebas se basan en el “dicho de una persona” pero insistió que deben haber “pruebas contundentes” para que se gire una orden de aprehensión.
En este sentido, citó el artículo 39 constitucional para subrayar que la soberanía reside en el pueblo mexicano y reiteró que el Estado de Derecho implica procesos sustentados en pruebas y no en señalamientos políticos.
Además, dejó claro que su gobierno no permitirá que un país extranjero intervenga en decisiones que competen exclusivamente a las instituciones mexicanas: “Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México”, sentenció.
Compara caso con el de Salvador Cienfuegos
Del mismo modo, la mandataria hizo referencia al caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos en 2020 y posteriormente liberado tras la revisión de las pruebas por parte de la FGR.
Sheinbaum recordó que en aquel caso las autoridades mexicanas solicitaron acceso a la evidencia presentada por Estados Unidos y concluyeron que no existían elementos suficientes para sostener las acusaciones.
“Recuerden ustedes el caso Cienfuegos. La Fiscalía General de la República pidió pruebas, se analizaron y no tenían sustento”, dijo.
Con ello, sostuvo que cualquier ciudadano mexicano, independientemente de su cargo público, debe enfrentar procesos sustentados en evidencia y conforme a la legislación nacional.
Finalmente, indicó que hasta el momento el gobierno de Estados Unidos no ha proporcionado información adicional a través de su embajada en México, más allá de los documentos difundidos públicamente. Y dejó claro que los representantes extranjeros deben respetar los límites de su función. Afirmó que “*un embajador de Estados Unidos en México, un embajador de Francia en México, un embajador de Ucrania en México, de Irán en México, de Cuba en México, de Argentina en México… no puede tener una actitud injerencista*”. Con ello, extendió el principio de no injerencia a cualquier representación diplomática, sin excepciones.
La presidenta insistió en que la relación con Estados Unidos debe darse en términos de igualdad: “México establece una relación de iguales con todas las naciones. Nunca de subordinación y menos de entreguismo”, concluyó.
Estados Unidos: Achaca a gobernador de Sinaloa de nexos con “Los Chapitos”
Ayer, el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación formal y solicitud de detención y extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Minutos después de conocerse las imputaciones, el Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente las imputaciones formuladas” y aseguró que es un ataque a la denominada cuarta transformación.
“Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de drogas a Estados Unidos”, se lee en el anuncio.
La acusación señala que Rocha Moya recibió apoyo de este grupo para ganar la elección mediante intimidación y secuestros. A cambio, habría prometido protección al cártel de Sinaloa.
Otros funcionarios habrían recibido pagos mensuales a cambio de protección e información. También, se acusa a algunos de participar directamente en secuestros y asesinatos, incluyendo el caso de una fuente de la DEA en 2023.
Morena respalda a Sheinbaum
El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum tras las acusaciones emitidas desde Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios mexicanos.
En un comunicado, la bancada morenista aseguró que en México debe prevalecer el Estado de Derecho y que cualquier acusación debe sustentarse con pruebas sólidas conforme a la legislación nacional y los tratados internacionales en materia de extradición. “La supremacía del Estado de Derecho no es solo un lema, es una exigencia”, señalaron.
Los legisladores capitalinos también respaldaron la postura de la mandataria federal sobre la defensa de la soberanía nacional y advirtieron que no debe permitirse la “instrumentalización política de la justicia por parte de extranjeros”. Además, afirmaron que Morena “no encubre a nadie” y que, si existen pruebas contundentes, estas deben presentarse ante las autoridades competentes.
