Por Chéster Hernández
La muerte de Blanca Adriana, quien presuntamente perdió la vida tras someterse a un procedimiento en una falsa clínica de Puebla, volvió a encender las alarmas sobre la operación clandestina de consultorios y establecimientos médicos que ponen en riesgo la vida de la población. Ante este hecho, el gobernador Alejandro Armenta hizo un llamado firme a la ciudadanía para verificar que médicos y clínicas cuenten con permisos oficiales y cédulas profesionales antes de realizarse cualquier tratamiento o intervención.
La postura del mandatario ha sido respaldada por distintos sectores sociales, pues durante años han proliferado clínicas estéticas, laboratorios y consultorios irregulares que operan fuera de la ley, muchos de ellos sin anuncios visibles, sin supervisión sanitaria y sin personal debidamente certificado. Esta problemática no solo representa un asunto administrativo, sino un grave riesgo de salud pública.
Especialistas y ciudadanos coinciden en que la vigilancia sanitaria no puede limitarse únicamente a reaccionar cuando ocurre una tragedia. La responsabilidad recae principalmente en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), antes conocida como Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud, instancia encargada de supervisar que clínicas, hospitales y laboratorios cumplan con todos los requisitos legales y profesionales.
Sin embargo, la problemática va más allá de los consultorios médicos. Existen numerosos laboratorios de análisis clínicos donde los responsables ni siquiera son químicos titulados y operan sin licencias sanitarias vigentes. A pesar de ello, continúan ofreciendo servicios a la población sin que exista una supervisión constante por parte de las autoridades correspondientes.
El señalamiento realizado por el gobernador Alejandro Armenta pone sobre la mesa una realidad incómoda: la clandestinidad médica ha crecido al amparo de la omisión institucional. Por ello, además de la Secretaría de Salud, la Fiscalía General del Estado también tiene la obligación de intervenir, investigar y sancionar a quienes lucran con la salud de las personas. La omisión de las autoridades puede convertirse también en parte de la comisión de un delito cuando no se actúa a tiempo para prevenir estos riesgos.
Hoy más que nunca, Puebla enfrenta el reto de reforzar la vigilancia sanitaria y garantizar que ningún establecimiento médico opere fuera de la ley. El llamado del gobernador no solo busca crear conciencia entre los ciudadanos, sino también exigir que las instituciones encargadas cumplan verdaderamente con su deber de proteger la vida y la salud de la población.
