Por Chester Hernández
Las recientes manifestaciones encabezadas por integrantes de Antorcha Campesina contra el gobierno estatal de Alejandro Armenta parecen más una provocación política que una verdadera lucha social. Todo indica que este grupo pretende medir fuerzas con una administración que ya dejó claro que no seguirá las prácticas de complacencia que durante años caracterizaron a gobiernos del PRI y del PAN.
Durante décadas, Antorcha Campesina encontró terreno fértil en administraciones pasadas que otorgaban canonjías, privilegios y recursos públicos a cambio de movilización política y control territorial. Hoy, el escenario es distinto. El nuevo gobierno enfrenta las presiones de una organización acostumbrada a operar bajo esquemas de presión, marchas y bloqueos para obtener beneficios particulares.
Resulta imposible ignorar que, mientras miles de simpatizantes continúan viviendo en condiciones precarias, los principales dirigentes de la organización han acumulado un poder económico y político difícil de justificar. Apellidos como los Celis y los Córdoba se han mantenido durante años al frente de la estructura antorchista, construyendo un liderazgo cuestionado por su opacidad y por el evidente enriquecimiento de ciertos grupos familiares.
A ello se suma un historial de señalamientos y órdenes de aprehensión contra algunos de sus integrantes y líderes, relacionados con delitos como despojo, invasión de predios y otros actos fuera de la ley. Sin embargo, pese a estos antecedentes, la organización insiste en presentarse como víctima de persecución política cada vez que las autoridades intentan aplicar el Estado de derecho.
La ciudadanía ya no observa estas movilizaciones con la misma simpatía de antes. Cada bloqueo carretero, cada cierre de vialidades y cada protesta utilizada como mecanismo de presión genera más molestia que respaldo social. Puebla necesita estabilidad, inversión y gobernabilidad, no grupos que busquen mantener privilegios heredados del viejo régimen político.
El reto para el gobierno del estado, será demostrar que en Puebla nadie está por encima de la ley y que las organizaciones sociales deben actuar dentro del marco legal, sin chantajes ni presiones políticas disfrazadas de lucha popular.
