Por Chéster Hernández
Puebla, Pue. La entidad poblana amaneció este miércoles prácticamente sitiada. Pero, a diferencia de otros episodios históricos, esta vez no fueron tropas conservadoras ni conflictos armados los que paralizaron la movilidad, sino los integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), quienes decidieron manifestarse y bloquear importantes vías de comunicación para exigir algo tan elemental como el derecho a transitar con seguridad por las carreteras del país.
La exigencia de los transportistas es clara y contundente: poder realizar su trabajo sin ser víctimas de asaltos, secuestros, homicidios, robo de mercancías y extorsiones. En otras palabras, demandan que las autoridades federales y estatales cumplan con una de sus responsabilidades más básicas: garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La protesta evidencia una realidad que durante años ha sido denunciada por diversos sectores productivos y que las autoridades han sido incapaces de resolver. Las carreteras mexicanas se han convertido en territorios de alto riesgo donde la delincuencia opera con una preocupante libertad, mientras miles de transportistas enfrentan diariamente el peligro de perder su patrimonio, su carga e incluso la vida.
Resulta alarmante que quienes mantienen en movimiento la economía nacional tengan que recurrir al cierre de carreteras para ser escuchados. Más grave aún es que las demandas no giren en torno a privilegios o beneficios extraordinarios, sino a condiciones mínimas de seguridad que cualquier Estado está obligado a proporcionar.
Las afectaciones para miles de ciudadanos son innegables. Bloqueos, retrasos, pérdidas económicas y complicaciones en la movilidad forman parte de las consecuencias inmediatas de estas manifestaciones. Sin embargo, la raíz del problema no está en la protesta, sino en la incapacidad de las autoridades para garantizar el orden y la seguridad en las vías de comunicación del país.
Puebla figura entre las entidades más afectadas por esta jornada de movilizaciones, reflejo de una crisis que rebasa fronteras estatales y que exhibe el fracaso de las estrategias de seguridad implementadas hasta ahora. Mientras los discursos oficiales hablan de avances y resultados, la realidad que viven los transportistas cuenta una historia muy distinta: carreteras inseguras, delincuencia persistente y acuerdos incumplidos.
La movilización de AMOTAC es, en esencia, un llamado de auxilio y una severa llamada de atención para los gobiernos federal y estatales. Porque cuando quienes transportan la riqueza del país tienen que detenerse para exigir seguridad, queda en evidencia que algo fundamental ha dejado de funcionar en México.
