Por Chéster Hernández.
Huejotzingo, Puebla. – La administración municipal encabezada por Roberto Solís enfrenta serios cuestionamientos por presuntas irregularidades relacionadas con la operación de un corralón señalado por transportistas y por la falta de certificación de una parte importante de los elementos de Seguridad Pública y Vialidad del municipio.
Desde 2025, integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) han denunciado públicamente la presunta operación irregular del denominado “Grúas y Corralón de Puebla”, propiedad de una persona conocida como “Bonny”. De acuerdo con declaraciones realizadas por el representante transportista Andy Martínez, en ese inmueble presuntamente se resguardaban cajas de tráiler robadas y se exigían cantidades de hasta 200 mil pesos para su devolución.
Las denuncias no terminan ahí. Transportistas y ciudadanos han señalado que dicho corralón habría operado sin autorización de las autoridades competentes en materia de movilidad, mientras que unidades aseguradas o infraccionadas por elementos de Seguridad Pública Municipal eran trasladadas a esas instalaciones, pese a los cuestionamientos sobre su situación legal.
A esta polémica se suma un tema aún más delicado: la certificación de los cuerpos de seguridad. Según documentos en poder de este medio, obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el municipio de Huejotzingo no tendría ni siquiera al 20 por ciento de sus elementos policiales certificados con el Certificado Único Policial (CUP), requisito indispensable para acreditar la profesionalización y evaluación de los integrantes de las corporaciones de seguridad.
La situación genera preocupación debido a que el CUP no es un simple trámite administrativo. Se trata de un mecanismo que acredita que los policías han aprobado controles de confianza, cuentan con formación inicial, evaluación de competencias y cumplen con los estándares establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De confirmarse plenamente esta situación, el gobierno municipal tendría que explicar por qué una parte significativa de sus elementos estaría desempeñando funciones de seguridad sin contar con la certificación exigida por la normativa vigente. Además, especialistas advierten que la falta de personal certificado debilita la confianza ciudadana y pone en entredicho los procesos de profesionalización policial.
Las denuncias y la información documentada han provocado llamados para que la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía General del Estado y las autoridades de seguridad competentes investiguen tanto la operación del corralón señalado como la situación real de la corporación municipal.
Mientras la administración de Roberto Solís guarda silencio ante estos señalamientos, crece la exigencia de transparencia y rendición de cuentas. La ciudadanía merece conocer si quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad cumplen con los requisitos legales para hacerlo y si existieron omisiones que deban ser sancionadas conforme a la ley.
Hoy, más que nunca, Huejotzingo requiere respuestas claras. Las denuncias están sobre la mesa, los documentos existen y corresponde a las autoridades determinar si hubo irregularidades y fincar responsabilidades a quien resulte responsable.
