Por Marco de Núñez
Fuentes al interior del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Puebla, han externado su preocupación de que el día de mañana el Congreso del estado unja como Comisionada del ITAIP Puebla, a la arquitecta Maricarmen Leyva Bathory, pues recuerdan que fuera ella la integrante con mayor tiempo de participación en el Comité de Participación Ciudadana de este sistema, como un regalo de Tony Gali, quien después de que lo coronara a el y a Luis Bank, como los presidentes municipales más “transparentes”, le otorgara como regalo mover los hilos dentro de este Comité.
La manera opaca del manejo de este Comité se hizo latente, cuando en 2019 a la llegada del gobernador Miguel Barbosa, reuniera a un grupo de abogados a quienes les pagaron mediante contrato de prestación de servicios, para iniciar una serie de juicio de amparo en contra del propio ITAIP Puebla para que el Consejo de Participación Ciudadana NO fuera considerado Sujeto Obligado, para rendir cuentas de los sueldos, salarios, asignaciones de espacios físicos, vehículos, choferes y escoltas, contratos de prestación de servicios y demás favores heredados en la administración de Tony Gali (como se puede identificar del expediente del juicio de amparo indirecto 1300/2019 ante el juzgado sexto de distrito en materia de amparo civil, administrativo y de trabajo en el estado de Puebla), OPONIENDOSE también mediante otro juicio de amparo (el número indirecto 514/2020 del juzgado primero de distrito en materia de amparo civil, administrativo y de trabajo en el estado de Puebla) a las reformas impulsadas por el gobernador Miguel Barbosa así como por el Congreso del Estado, para modificar la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla para garantizar la TRANSPARENCIA en el manejo de la información correspondiente a los jugosos sueldos de estos “consejeros ciudadanos”, lo que ha generado una batalla que se puede observar en los juicios de amparo indirecto 679/2021, promovido ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en donde se amparó contra la entrada en vigor de las reformas de la Ley de Transparencia acceso a la información pública del estado de Puebla, donde se establece por LEY que el Consejo es un SUJETO OBLIGADO a transparentar los recursos que recibe en el presupuesto de egresos del estado, el juicio de amparo indirecto 287/2021, promovido ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, donde DESCONOCE el nombramiento del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, el juicio de amparo indirecto 583/2021, promovido ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, donde DESCONOCE la aplicación de la reforma a la Ley de Transparencia, el decreto del promulgación emitido por el Gobernador Miguel Barbosa, el requerimiento de INFORMACIÓN PÚBLICA por parte del ITAIP Puebla, así como el amparo indirecto 594/2021 promovido ante el mismo juez noveno, con la finalidad de seguir desconociendo la aplicación de la Ley, del decreto promulgado por el Gobernador, de los lineamientos del ITAIP Puebla y de los actos de verificación del órgano garante por medio de los cuales ha buscado que este Comité deje de ser OPACO, irresponsable y contrario a la legislación vigente.
¿Esta es la transparencia que se busca para Puebla? Mucho por reflexionar si este perfil llega en notorio CONFLICTO DE INTERÉS al órgano garante en Puebla, ¿o ahora se busca invalidar todos los actos del ITAP Puebla con una comisionada que buscará hacer OPACOS por la vía de amparos todos los actos del gobierno estatal?
