El Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Puebla concedió un amparo al exsecretario del Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor, y ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) continuar con la investigación del caso para justificar su encarcelamiento por el delito de peculado y determinar si existieron omisiones al dictarle sentencia
Hace más de dos años, Castillo Montemayor y su equipo jurídico denunciaron penalmente a los involucrados en la supuesta fabricación de un delito en su contra, tras denunciar delitos ambientales en Flor del Bosque y el Parque Ecológico; sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) determinó no investigar a los involucrados.
El ambientalista informó que no existió calidad en su detención cometida en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, pues pasó 14 meses preso sin que las autoridades pudieran comprobar la comisión de algún delito y determinaran “el no ejercicio de la acción penal”.
Comentó que de acuerdo con la resolución del juez Julio César Márquez Roldán, con fecha del 12 de septiembre del 2022, tanto exfuncionarios como personal ministerial y judicial del TSJ que lo imputaron por peculado sin pruebas y violaron sus derechos humanos al no brindarle derecho de audiencia tendrán que explicar cómo armaron el juicio en su contra.
Además, el juez responsable, en este caso la abogada Bet Nimra Pérez Hernández, jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro en el estado de Puebla, quién ordenó no proceder en contra de los funcionarios acusados, deberá “realizar una investigación seria, imparcial y efectiva (…) que permita la persecución, captura, enjuiciamiento y en su caso sanción a los responsables de los hechos, especialmente cuando se trate de funcionarios”.
Entre las personas que señaló como responsables de su detención y encarcelamiento están el exfiscal Víctor Antonio Carrancá Bourget, el exsubcontralor Eugenio Mora Salgado, el exsecretario de Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial, Rodrigo Riestra Piña; el expresidente del Poder Judicial del estado, Roberto Flores Toledano, y la jueza Idalia Arciniega Arias.
El abogado Tonatiuh Sarabia Amador explicó que en el amparo se retoma la determinación anterior con la que el exsecretario salió de prisión en 2016, en el que se establece que las autoridades locales “partieron de cuestiones ilegales para poderle dictar auto de formal prisión, lo que quieren hacer pasar por un error judicial”.
Aunque no existe una fecha límite para cumplir con esta disposición judicial, confió en que sea en un plazo no mayor a tres meses cuando la FGE les informe sobre los avances de la investigación y garantice las condiciones para realizar las comparecencias.
“El juez de Distrito le llama la atención a la juez de Control y al Ministerio Público por no haber entrevistado a los implicados e investigado adecuadamente la denuncia que hizo Castillo Montemayor por los delitos que cometieron en contra de él. Le pide a la juez de Control que le ordene a la fiscalía que corrija el proceso y mande a traer, por ejemplo a Carrancá para que den su versión de los hechos”, comentó el litigante.
