Por Chester Hernández
Santa Clara Ocoyucan, Pue., 16 de abril de 2025. — Un grupo de campesinos y ejidatarios del municipio de Santa Clara Ocoyucan denunció públicamente las prácticas sistemáticas y presuntamente ilegales mediante las cuales Grupo Proyecta estaría apropiándose de predios comunales, con la supuesta complicidad del ayuntamiento encabezado por @ArisCamps, presidente municipal vinculado al grupo político Antorcha Campesina.
Los afectados, respaldados por actas, testimonios y documentos de posesión, aseguran que la empresa ha recurrido a la presión, el engaño y, en algunos casos, al despojo directo para adquirir terrenos que históricamente pertenecen a los habitantes de la región. “No es una compra, es una invasión con el respaldo del gobierno municipal”, expresó uno de los ejidatarios, quien pidió el anonimato por temor a represalias.
Según relataron, el modus operandi comienza con supuestos avisos de regularización o compra forzada emitidos por el ayuntamiento, muchos sin sustento legal. Posteriormente, operadores de la empresa ofrecen pagos simbólicos o amenazan con expropiación forzada. “Te dicen que vendas porque si no, lo van a hacer de todos modos. Y lo peor es que tienen apoyo desde presidencia”, denunció una afectada.
Los campesinos exigen la intervención inmediata del gobierno estatal, encabezado por el gobernador Sergio Salomón Céspedes, para frenar lo que califican como una “operación de despojo disfrazada de desarrollo”. Entre sus demandas están:
Una auditoría al ayuntamiento de Ocoyucan por posibles actos de corrupción y tráfico de influencias.
La cancelación de los permisos otorgados a Grupo Proyecta mientras se investiga su legalidad.
Protección jurídica para los ejidatarios que han sido amenazados o despojados.
La restitución de tierras adquiridas bajo presión o sin procedimiento legal.
Hasta el momento, Grupo Proyecta no ha emitido una postura oficial ante las denuncias. Por su parte, el gobierno estatal no ha respondido públicamente a la solicitud de los pobladores.
“Esto no es desarrollo, es despojo legalizado. Nos quieren borrar del mapa para construir fraccionamientos que solo benefician a unos cuantos”, sentenció uno de los líderes comunitarios.
