Por: Chester Hernández
En Cuautlancingo, Puebla, el municipio parece haberse convertido en una caja registradora al servicio del presidente municipal Omar Muñoz. Bajo su administración, los operativos de seguridad pública y tránsito, así como las multas de Protección Civil, se han transformado en una fuente inagotable de ingresos, pero no precisamente para las arcas municipales, sino —según denuncias ciudadanas— para beneficiar directamente al edil y a su círculo cercano.
Vecinos y comerciantes acusan que se vive una auténtica “ley de Herodes” en Cuautlancingo, donde la autoridad se ejerce con autoritarismo y fines claramente recaudatorios. La comparación no es casual: al presidente municipal ya lo apodan “Omar Vargas Muñoz”, en alusión directa al corrupto personaje de la película La ley de Herodes, ícono del cinismo político en el México profundo.
A esta problemática se suma una creciente ola de violencia. En los últimos meses, los hechos delictivos, ejecuciones y hallazgos de cuerpos sin vida han ido en aumento, generando un clima de miedo e incertidumbre entre la población. Mientras la inseguridad se apodera del municipio, la estrategia del edil parece enfocarse más en la recaudación y el control político que en garantizar la seguridad de sus habitantes.
La falta de transparencia en el manejo de recursos y la opacidad en los operativos han encendido las alarmas. Diversos sectores sociales exigen la intervención inmediata de la Auditoría Superior del Estado y de la Secretaría de la Función Pública para investigar las irregularidades y posibles actos de corrupción. El municipio no puede seguir siendo el feudo personal de un funcionario que, lejos de gobernar con ética, ha hecho de la administración pública un negocio familiar.
Desde esta redacción hemos solicitado en repetidas ocasiones una entrevista con el presidente municipal para esclarecer estas acusaciones. Sin embargo, Omar Muñoz ha evitado todo acercamiento con los medios independientes, negándose sistemáticamente a rendir cuentas.
La ciudadanía merece respuestas, no evasivas. Cuautlancingo no puede seguir siendo rehén del abuso de poder y de una administración que prioriza el dinero sobre la seguridad.
