Por Chester Hernández
La libertad de expresión volvió a ser vulnerada en la región de Tehuacán. El pasado martes, el reportero José Luis Mada fue víctima de amenazas e intimidaciones presuntamente por parte de Nicanor González, padre de la presidenta municipal de San Antonio Cañada, Areli González Hernández, mientras realizaba su labor periodística en dicho municipio.
De acuerdo con testimonios y material videográfico difundido en redes sociales, el sujeto intentó obstaculizar el trabajo informativo del comunicador y lanzó amenazas directas en su contra. La situación se agrava debido a que, según se observa en las imágenes, el hombre aparentemente se encontraba en estado de ebriedad al momento de los hechos.
Este tipo de actos representan un grave atentado contra el ejercicio periodístico y exhiben un clima de intolerancia hacia los medios de comunicación en un municipio donde la ciudadanía exige transparencia y rendición de cuentas. Resulta aún más preocupante que el señalamiento involucre a un familiar directo de la alcaldesa, ya que la investidura pública obliga a garantizar respeto, legalidad y condiciones seguras para el trabajo de la prensa.
Habitantes de San Antonio Cañada también han señalado públicamente a Nicanor González por presuntas conductas indebidas, lo que incrementa la preocupación social sobre el comportamiento de personas cercanas al poder municipal. La falta de control y la aparente impunidad con la que actúan ciertos personajes generan un ambiente de tensión y temor entre ciudadanos y comunicadores.
Las amenazas contra periodistas no pueden minimizarse ni tratarse como hechos aislados. En Puebla, como en gran parte del país, ejercer el periodismo sigue siendo una actividad de alto riesgo. Cada agresión, intimidación o intento de censura representa un golpe directo al derecho de la sociedad a estar informada.
Desde distintos sectores se ha exigido la intervención inmediata del Gobierno del Estado y de las autoridades competentes para investigar los hechos y garantizar la integridad del reportero y de su equipo de trabajo. Asimismo, se demanda a la presidenta municipal Areli González Hernández fijar una postura clara ante la conducta de su padre y deslindarse de cualquier acto que vulnere la libertad de prensa.
El silencio institucional solo alimenta la impunidad. Las autoridades tienen la obligación de actuar antes de que las amenazas se conviertan en tragedia.
