La extorsión avanza silenciosamente en México y se consolida como uno de los delitos más persistentes, invisibles y difíciles de combatir, su impacto real permanece oculto bajo una cifra negra donde entre el 96 y 97% de los casos no son denunciados.
De acuerdo con el cuadernillo “Extorsión en México”, presentado durante el Aula en Acción del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, especialistas analizaron el crecimiento sostenido de este delito, con un crecimiento de 61.2%.
Entre 2015 y 2025, las carpetas de investigación por extorsión en el fuero común pasaron de 5,803 a 9,357 a nivel nacional, tan solo en 2025, el delito aumentó 4.5% respecto al año anterior, con una tasa nacional de ocho casos por cada 100 mil habitantes.
El documento destaca que la extorsión es el único delito de alto impacto que mantiene una tendencia sostenida al alza, incluso los especialistas advierten que el cobro de piso, las extorsiones telefónicas y la falta de denuncia revelan un problema que exige respuestas más allá del sistema penal
Al respecto, David Saucedo, especialista en seguridad pública, señaló que las principales problemáticas son la incursión de grupos del crimen organizado en este delito que anteriormente se concentraba en grupos delictivos menores, así como la complicidad con autoridades locales. Víctor Antonio Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, apuntó que tres de cada 100 extorsiones se denuncian, por lo que no se tiene información estadística para determinar si hay una tendencia al alza o a la baja.
Apuntó que medidas como el registro de la línea telefónica están destinadas al fracaso porque los grupos criminales pueden comprar bases de datos para adquirir datos de la CURP que les permitan conseguir cientos de números celulares.
Las extorsiones telefónicas continúan como la modalidad más frecuente en México, al concentrar 84.1% de los casos, mientras que la extorsión presencial o cobro de piso representa 15.2%.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), el sector empresarial es uno de los más afectados: en 2023, la extorsión fue el delito más frecuente contra establecimientos, con una tasa de 1,562 eventos por cada 10 mil unidades económicas, equivalente a 25.5% del total de delitos cometidos contra negocios.
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Las micro y pequeñas empresas concentran el mayor impacto económico, con un costo promedio de 8,967 pesos por evento, cifra que se multiplica a nivel agregado.
El estudio también alerta sobre la violencia asociada a la extorsión presencial, ya que 40% de estos casos involucran armas de fuego, elevando no solo el riesgo físico, sino también las secuelas psicológicas como miedo constante, insomnio y estrés postraumático.
