Por Chester de Hernández
El dirigente de la 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez, vuelve a las calles de Puebla no para defender derechos ciudadanos, sino para proteger un esquema de transporte irregular que opera sin concesión, sin seguro y al margen de la ley. La narrativa es la de siempre: victimización pública y presión política como método de negociación.
Detrás del discurso social hay un interés económico evidente. Cada unidad “pirata” representa ingresos constantes que, acumulados mes con mes, se traducen en cifras millonarias. No es justicia lo que se defiende, sino un negocio que prospera en la informalidad y en el vacío de autoridad.
El doble discurso resulta insultante: se invoca la ley cuando conviene y se pisotea cuando estorba. Mientras tanto, la ciudad paga el costo con caos vial y miles de ciudadanos afectados. Puebla no necesita más chantajes disfrazados de lucha social; necesita orden, legalidad y responsabilidad.
