Por Chéster Hernández
Amozoc, Puebla. – Un hecho que ha generado indignación entre ciudadanos de Amozoc salió a la luz luego de que cámaras de seguridad captaran a un sujeto presuntamente causando daños a un vehículo oficial propiedad del Ayuntamiento. En las imágenes difundidas públicamente se observa a un hombre portando una silla, con la cual aparentemente rompe uno de los cristales de la unidad gubernamental.
De acuerdo con información difundida por el medio Puebla Investigó, la persona señalada en los videos sería Noé Barrales Lerista, quien presuntamente mantiene un vínculo familiar con integrantes de la actual administración municipal. Según dicha versión, se trataría del sobrino de Gloria Barrales de los Santos, presidenta del Sistema Municipal DIF y esposa de Severiano de la Rosa.
El caso ha despertado cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades municipales y la posible existencia de privilegios o trato preferencial derivado de relaciones familiares. Diversos sectores de la ciudadanía consideran que, de confirmarse la identidad del responsable y la comisión de los daños, las autoridades están obligadas a proceder conforme a la ley, sin distinciones ni consideraciones políticas.
La destrucción de bienes públicos no solo representa una afectación al patrimonio municipal, sino también una falta de respeto hacia los recursos que pertenecen a todos los ciudadanos. Por ello, resulta indispensable que las instancias competentes esclarezcan los hechos, determinen responsabilidades y, en su caso, apliquen las sanciones correspondientes.
Asimismo, la sociedad espera una postura clara por parte del gobierno municipal encabezado por Margarito de la Rosa. La exigencia ciudadana es simple: que prevalezca el Estado de derecho y que no exista impunidad para nadie, independientemente de sus apellidos o vínculos con funcionarios públicos.
La transparencia y la rendición de cuentas serán fundamentales para evitar que este episodio se convierta en un nuevo ejemplo de desconfianza hacia las instituciones. Ahora corresponde a las autoridades investigar, informar y actuar con firmeza para demostrar que la ley se aplica por igual a todos.
