Su función: Papelazo de los consejeros del INE, pues “se les hizo bolas el engrudo “en la sesión de Consejo General donde se rechazó el proyecto que ordenaba a los partidos políticos postular a cinco mujeres y cuatro hombres como candidatos en las gubernaturas a disputarse en el 2024. Fue un suceso inédito que la consejera Dania Ravel calificó como “chicanada”en la sesión de Consejo, cuando los consejeros trataban de encontrar la manera de reponer el proceso de votación en lo general y citar de manera urgente para una nueva sesión. Sin embargo, el episodio evidenció lo que los medios ya sabíamos, la división que hay entre los once miembros del consejo general, que en esta última sesión alcanzó un bajo nivel de acusaciones mutuas. Tres horas antes, cuando se dio inicio al punto, la ronda parecía de mero trámite; ya se sabía que 10 de los 11 consejeros estaban a favor de fijar algunos criterios para garantizar el principio de paridad y que los partidos políticos, que sólo tienen derecho a voz, obviamente les recordarían que los consejeros no podían entrometerse en la vida interna de los partidos. En ese momento nadie imaginaba el desenlace, calificado por la consejera Dania Ravel como chicanada, y por Claudia Zavala como una trampa. Las “escaramuzas verbales” iniciaron cuando la consejera Claudia Zavala reprochó que la secretaria ejecutiva de consejo general no subiera a tiempo el engrose para reforzar los argumentos jurídicos, ante la previsible impugnación de los partidos ante el tribunal electoral.
Y ¿consejeros?: Todos los representantes de los partidos, excepto el del PVEM, estaban contra cuyos representantes hicieron ver al INE que no tiene facultades para reglamentar lo que corresponde hacer a los congresos locales y además le advertían que “sus pretendidos criterios” establecen obligaciones a los partidos, de manera desproporcionada y coercitiva, para lo cual el Consejo General no tiene fundamento. En contra de esa visión estaban todos los consejeros, menos el yucateco Uuc-kib Espadas, quien también reprobó mucho discurso en favor de las mujeres contra una realidad de sólo siete gobernadoras electas en los últimos 70 años. La voz disidente fue la del consejero Espadas, pues fiel a su estilo, de plano señaló que el proyecto era “inconstitucional, ilegal, elitista, antidemocrático, autoritario y maniqueo” Pese a las posiciones, el final parecía claro, pero el tema del engrose de Zavala y los apuntes de Espadas desataron la confusión. La secretaria ejecutiva, María Elena Cornejo, sometió el punto a votación primero en lo general. Votaron en favor los consejeros Guadalupe Taddei, Norma de la Cruz, Rita Bell López, Jorge Montaño y Uuc-kib Espadas, y en contra Jaime Rivera, Carla Humphrey, Arturo Castillo, Martín Faz, Ravel y Zavala. Por tanto, la presidenta Taddei decretó que no existía proyecto que discutir. Me da mucha pena, se escuchó decir a Espadas quien seguía la sesión por la vía virtual. Lo sentimos, agregó De la Cruz, lo que provocó la molestia de Ravel: Presidenta, con todo respeto, esta es una chicanada, porque hemos estado insistiendo durante toda la sesión que nosotros queremos votar el criterio cinco-cuatro y se aferraron a que eso no fuera así, y se nos dijo que se iban a separar esos puntos resolutivos… ¡Esto no puede transitar, por favor! –Aquí no hay chicanada –replicó Taddei. Espadas, con micrófono abierto, abonó al decir que chicanada es lo que les pretendieron hacer con el engrose, pero con el resultado de la votación, ya no había materia para que la sesión continuara. Que algún consejero o consejera se confunda a la hora de votar, a todos nos ha pasado alguna vez, es responsabilidad de cada quien… el proyecto fue votado y desechado. Taddei cerró: no se puede repetir la votación, hay que convocar a una nueva sesión.
Polarización: En la discusión respecto a los fideicomisos del Poder Judicial, se ha omitido una pregunta fundamental para entender el fondo del debate: ¿por qué es que justo en estas fechas los diputados han aprobado su extinción? Algunos de los fideicomisos en cuestión tienen décadas de existir. Todos aquellos que la Cámara de Diputados aprobó extinguir en su sesión del martes pasado, están vigentes desde que comenzó este sexenio. ¿Será acaso que los legisladores estaban distraídos y no se dieron cuenta de que existían estos vehículos jurídicos en el Poder Judicial? La primera referencia pública notoria a ellos se presentó el pasado 9 de marzo. En la conferencia mañanera de ese jueves, el presidente López Obrador presentó un cuadro con los fideicomisos y dijo lo siguiente: “Esto no lo sabe la gente, tienen un fideicomiso, un guardadito de 20 mil millones de pesos. Este informe del Poder Judicial es público, nada más que mucha gente no lo sabía. Son 20 mil 516 millones de pesos”, aludiendo a que los recursos pertenecían a magistrados y ministros. En aquella fecha faltaban aún 52 días del periodo ordinario de sesiones. Si realmente se hubiera considerado que la existencia de los fideicomisos del Poder Judicial era gravosa para las finanzas públicas y era parte de los privilegios de “los de arriba”, como ha señalado el presidente reiteradamente, lo lógico es que desde entonces se planteará una reforma legal para extinguirlos. Sin embargo, dicha reforma, impulsada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y aspirante a la candidatura de su partido al gobierno de Puebla, Ignacio Mier, se presentó hasta el 6 de septiembre pasado. Se esperó hasta los últimos meses del año y ese hecho tiene un significado político. Prácticamente desde que la ministra Norma Piña fue electa por sus pares como presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura, comenzó una era de tensión con el presidente de la República, que se expresó en gestos, como la instrucción del presidente a sus colaboradores para que ni siquiera les contestaran el teléfono a los ministros, hasta su exclusión en ceremonias cívicas como la del Grito el 15 de septiembre o el desfile militar del 16 de ese mes.
Contexto: Lo relevante de la coyuntura actual no es la discusión respecto a las condiciones laborales del personal del Poder Judicial o si debe haber fondos para el retiro de jueces y magistrados. No. Si esa hubiera sido la discusión, la dinámica política sería otra, y quizás se estarían analizando uno por uno de los fideicomisos, escuchando diversas voces. Simple y llanamente, el presidente de la República ve a la mayoría de la Corte como un adversario. La Corte ha sido un dique a diversas iniciativas, como el llamado Plan B en materia electoral o la que buscaba dejar al INAI en la inacción. Igualmente, ve al Tribunal Electoral como una instancia poco confiable, que eventualmente puede ser un obstáculo para las campañas de los candidatos de Morena y sus aliados. A semanas de que comiencen la precampañas y ya en el camino del último año de la actual administración, no se trata de austeridad o racionalización de los recursos, sino del debilitamiento de un Poder del Estado que no es controlado por la 4T. El objetivo final es que estorbe lo menos posible a las intenciones del grupo en el poder y que, en la perspectiva de alcanzar una mayoría constitucional en las dos cámaras en las elecciones de 2024, se pueda procesar una reforma constitucional para deshacerse de los ministros y magistrados que hoy forman las principales instancias del Poder Judicial y proponer a otros que sean electos de manera directa por los ciudadanos, lo que daría a Morena una mayor posibilidad de controlar también a este poder. Esa es la discusión de fondo y no si les deben pagar la tintorería a las togas de los ministros, por citar una tontería. Así como creo que la Corte va a ganar al final de cuentas el litigio legal, me parece que el presidente va ganando la narrativa, que es lo que finalmente busca.
lamont