Este día, la Corte Suprema allanó el camino para que agentes federales realicen operativos amplios de inmigración por ahora en Los Ángeles, la más reciente victoria del gobierno del presidente Donald Trump en el alto tribunal.
La mayoría conservadora levantó una orden de restricción emitida por un juez que determinó que las patrullas itinerantes realizaban detenciones indiscriminadas en Los Ángeles y sus alrededores. La orden prohibía a los agentes de inmigración detener a personas únicamente por su raza, idioma, trabajo o ubicación.
El juez Brett Kavanaugh dijo que la orden amplia iba demasiado lejos al restringir cómo los agentes de Inmigración y Control de Aduanas pueden realizar breves paradas para interrogar.
“Para ser claros, la etnicidad aparente por sí sola no puede constituir una sospecha razonable; sin embargo, según la jurisprudencia de este Tribunal en materia de detenciones migratorias, puede ser un ‘factor relevante’ al considerarse junto con otros factores relevantes”, escribió coincidiendo con la breve e inexplicable orden de la mayoría. Sugirió que las detenciones con uso de la fuerza podrían enfrentar aún más obstáculos legales.
En una mordaz disidencia, a la que se sumaron sus dos colegas liberales, la jueza Sonia Sotomayor escribió: «Innumerables personas en el área de Los Ángeles han sido agarradas, tiradas al suelo y esposadas simplemente por su apariencia, su acento y por ganarse la vida realizando trabajos manuales. Hoy, la Corte somete innecesariamente a innumerables personas más a estas mismas indignidades».
La decisión 6-3 de la Corte Suprema llega mientras los agentes de ICE también intensifican la aplicación de la ley en Washington en medio de la toma de control federal sin precedentes por parte de Trump de la aplicación de la ley en la ciudad capital y el despliegue de la Guardia Nacional.
La administración republicana de Trump argumentó que la orden restringía erróneamente a los agentes que llevaban a cabo su amplia ofensiva contra la inmigración ilegal.
La jueza federal de distrito Maame E. Frimpong, en Los Ángeles, halló una montaña de pruebas que demostraban que las tácticas de control violaban la Constitución. Entre los demandantes se encontraban ciudadanos estadunidenses detenidos en controles migratorios. Un tribunal de apelaciones mantuvo vigente el fallo de Frimpong.
La demanda continuará ahora en California. Fue interpuesta por grupos de defensa de los inmigrantes que acusaron al gobierno de Trump de atacar sistemáticamente a las personas de piel morena durante su ofensiva contra la inmigración ilegal en el área de Los Ángeles.
Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional han afirmado que los agentes de inmigración seleccionan a las personas por su presencia ilegal en Estados Unidos, no por su color de piel, raza ni etnia. Aun así, el Departamento de Justicia argumentó que la orden restringía erróneamente los factores que los agentes de ICE pueden utilizar para decidir a quién detener.
La región de Los Ángeles ha sido un campo de batalla para la administración Trump después de que su estrategia migratoria de línea dura provocara protestas y el despliegue de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina. El número de redadas migratorias en el área de Los Ángeles pareció disminuir poco después de la orden de Frimpong emitida en julio, pero recientemente han vuelto a ser más frecuentes, incluyendo una operación en la que agentes saltaron de la parte trasera de un camión alquilado y realizaron arrestos en una tienda Home Depot de Los Ángeles.
Los demandantes argumentaron que su orden sólo impide a los agentes federales realizar detenciones sin sospecha razonable, algo que se alinea con la Constitución y el precedente de la Corte Suprema.
