Por Chester Hernández
Puebla, 18 de junio de 2025 — Mientras los homicidios y asaltos cometidos desde motocicletas siguen en aumento en Puebla, alrededor de 50 repartidores en moto se manifestaron este miércoles frente al Congreso del Estado para exigir la derogación de la llamada “Ley Chaleco”. La protesta pone sobre la mesa un debate urgente: ¿Cómo garantizar la seguridad ciudadana sin criminalizar a quienes trabajan sobre dos ruedas?
La “Ley Chaleco” propone que todos los motociclistas porten un chaleco con el número de placa visible, con el objetivo de facilitar su identificación y combatir los delitos que, en muchas ocasiones, son perpetrados por personas a bordo de motocicletas. Sin embargo, los repartidores aseguran que esta medida los convierte en blanco fácil del crimen y no ataca el verdadero problema: la impunidad.
“Estamos hartos de que nos traten como delincuentes. Nosotros trabajamos, no robamos”, afirmó uno de los manifestantes. Los inconformes denuncian que, en lugar de protegerlos, esta normativa los expone a ser víctimas de robo, extorsión o incluso suplantación de identidad. Advierten que los datos visibles en sus chalecos podrían ser utilizados por criminales para cometer delitos en su nombre.
La protesta, aunque pacífica, se enmarca en un contexto alarmante: en las últimas semanas, diversos hechos violentos —incluidos homicidios— han sido cometidos por individuos que se movilizan en motocicletas, muchos de ellos sin ser identificados ni detenidos. Este tipo de crímenes ha generado un clima de desconfianza generalizada hacia los motociclistas, afectando también a quienes se dedican al reparto de comida o paquetería.
Además, resulta preocupante el hecho de que, como han documentado vecinos y medios locales, muchos de estos repartidores en motocicleta acuden a consumir drogas a plena luz del día frente a la sede de la Fiscalía General del Estado, sin que las autoridades tomen medidas contundentes. Esta situación alimenta aún más la percepción negativa hacia el gremio y subraya la necesidad de un control más firme por parte de las instituciones.
Expertos en seguridad advierten que, si bien es necesario regular el uso de motocicletas para prevenir delitos, las medidas deben ir acompañadas de inteligencia policial y programas sociales, no de generalizaciones que estigmaticen a un sector laboral ya de por sí vulnerable.
Hasta el cierre de esta edición, el Congreso del Estado no ha emitido un posicionamiento oficial respecto a la protesta. Mientras tanto, los repartidores aseguran que continuarán movilizándose y exigiendo una legislación que los proteja sin criminalizarlos, en medio de una ciudad cada vez más insegura y con un sistema de justicia que parece no dar abasto.
