Por Chester Hernández
El pasado domingo 8 de junio, un grupo de encapuchados y supuestos defensores del agua, respaldados por la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre y otras organizaciones afines, protagonizó un acto de abierta confrontación en San Miguel Xoxtla, Puebla. Bajo el argumento de rechazar la privatización del agua, estos grupos participaron en un foro que culminó en la clausura ilegal y destrucción del pozo número 4, una fuente de abastecimiento hídrico vital para la comunidad.
El evento, presentado como una jornada de reflexión, pronto derivó en vandalismo. Amparados por el lema “Alto a la privatización del agua”, los participantes se arrogaron la voz de la comunidad, cuando en realidad su proceder autoritario y violento representa más una agenda política radical que una lucha legítima por el recurso hídrico.
Las organizaciones presentes —entre ellas, el Consejo Ciudadano de Defensores de la Tierra y el Agua de San Miguel Xoxtla, la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, y vecinos de distintas regiones— tienen un largo historial de protestas que, si bien pueden tener fundamentos legítimos, han optado por la confrontación en lugar del diálogo. Lo sucedido en Xoxtla no fue un foro, sino una asamblea incendiaria que terminó con daños materiales a infraestructura pública y una amenaza latente a la gobernabilidad local.
Resulta alarmante que estos grupos, muchos sin representación directa en el municipio, se arroguen el derecho de decidir sobre el destino de los pozos y recursos de Xoxtla. En vez de presentar pruebas, exigir transparencia o buscar vías legales, optaron por la destrucción. Su discurso, plagado de consignas, esconde una estrategia peligrosa: sembrar el caos para ganar presencia.
El agua no debe ser privatizada, pero tampoco secuestrada por movimientos cuya única herramienta es el enfrentamiento. La defensa del agua requiere conocimiento técnico, participación comunitaria real y procesos democráticos, no capuchas ni clausuras arbitrarias. Lo que ocurrió en el pozo número 4 debe ser investigado y sancionado. El municipio no puede permitir que la impunidad sea la norma bajo el disfraz de la lucha social
