Por Chester Hernández
¿Dónde están las averiguaciones previas contra miembros de la familia Posada Coheto? ¿Cuántas carpetas duermen el sueño de los justos en algún escritorio de la Fiscalía? Estas son preguntas que hoy se hacen no solo los denunciantes, sino una sociedad harta de ver cómo la justicia se diluye cuando se trata de apellidos con poder, influencias o vínculos en las altas esferas.
Según testimonios y documentos que obran en poder de esta redacción, existen denuncias formales por delitos graves como despojo de propiedades, amenazas, e incluso —se rumora con fuerza— una carpeta por homicidio. De ser esto cierto, no estamos frente a una simple omisión institucional, sino ante una red de protección e intereses que impide que se ejerza la ley como debe ser: de forma imparcial, pronta y expedita.
Lo más grave no es solo el silencio de las autoridades, sino el patrón que parece repetirse cada vez que alguien intenta señalar a la familia Posada Coheto. ¿Por qué los procesos no avanzan? ¿Quién frena las investigaciones? ¿Acaso se teme a las represalias de quienes hoy parecen intocables?
La Fiscalía tiene una deuda con las víctimas y con la ciudadanía. No se puede hablar de Estado de derecho mientras carpetas de investigación se apilan sin que nadie las toque. La impunidad no puede ser la norma.
¿Este manto de silencio tendrá otro fin? La sociedad exige respuestas, pero sobre todo, acciones. La ley debe aplicarse a todos por igual. Es momento de que las autoridades dejen de simular justicia y empiecen a impartirla.
