Por Chéster Hernández. La convocatoria realizada por la Patrulla Espiritual para marchar el próximo 27 de mayo en Tijuana ha comenzado a despertar respaldo entre familias, anexos y ciudadanos que aseguran sentirse perseguidos y criminalizados por defender el derecho de rescatar a jóvenes atrapados en las adicciones.
En una transmisión difundida en redes sociales, integrantes del grupo afirmaron que será “la marcha más grande en todo Tijuana”, asegurando además que llegarán personas de distintos estados del país para sumarse al movimiento. “Vamos por nuestros derechos de internar a nuestros hijos”, expresaron durante el mensaje, en referencia a la creciente polémica derivada del caso de Karim Emanuel.
La movilización surge en medio de un ambiente de indignación por lo que muchos consideran un abandono institucional hacia las familias que enfrentan el drama de las drogas y la violencia. Para quienes respaldan a la Patrulla Espiritual y al conocido activista “El Chiquilín”, el verdadero problema no es la existencia de centros de rehabilitación, sino la indiferencia de autoridades y sectores políticos que durante años han ignorado la crisis de adicciones que golpea a miles de hogares en Baja California.
Durante la transmisión, también advirtieron que “se van a soltar nombres” de personajes y grupos que, aseguran, han actuado en contra de los anexos y de quienes trabajan en la rehabilitación de jóvenes. El mensaje fue interpretado como un llamado a exhibir a quienes, según el movimiento, han utilizado el caso de Karim Emanuel para atacar a organizaciones civiles y familias desesperadas por salvar a sus hijos.
La controversia también abrió cuestionamientos sobre la ausencia de colectivos y representantes políticos que suelen pronunciarse en causas sociales. “¿Dónde están esos grupos LGBT, esos diputados que abandonaron a la madre de Karim?”, cuestionaron simpatizantes del movimiento, acusando un silencio selectivo frente al dolor de una familia que asegura haber buscado ayuda en medio de una situación extrema.
Para los organizadores, la marcha no solo será una manifestación pública, sino un mensaje contra lo que consideran una campaña de desprestigio hacia quienes luchan diariamente contra las adicciones. Señalan que mientras algunos critican los métodos de rehabilitación, pocos ofrecen alternativas reales para atender a jóvenes consumidos por la droga y la violencia.
La movilización del 27 de mayo promete convertirse en uno de los eventos sociales más polémicos en Tijuana, colocando nuevamente sobre la mesa el debate sobre los límites entre derechos humanos, autoridad familiar y la urgente necesidad de enfrentar la crisis de adicciones que afecta a cientos de familias en la región.
