Así lo dice La Mont
Origen: La historia contemporánea de México se escribe, con frecuencia, entre los hilos de la vigilancia y los acuerdos que se pactan bajo la mesa. Uno de los enigmas persistentes es el destino de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong, figuras centrales del sexenio que institucionalizó el uso de Pegasus. La pregunta sobre si realmente existió un pacto de impunidad basado en la información que acumularon con este sistema no es solo una sospecha ciudadana, sino una línea de análisis para entender la transición de poder en marca México. El uso de Pegasus no fue una simple medida de seguridad nacional, sino una herramienta de control político que permitió al gobierno anterior mapear la vida privada y pública de la oposición desde 2018 gobierno. La posesión de esos datos, almacenados en servidores cuya ubicación y control final aún son un misterio, constituye un seguro de vida político. Se habla de un pacto no escrito donde el silencio se intercambia por libertad, una especie de equilibrio de terror informativo donde nadie aprieta el gatillo para no recibir el disparo de vuelta.
Carpetas: Este equilibrio explica cómo ambos personajes logran permanecer impunes hasta el 2027. Pese los múltiples escándalos de corrupción que rodearon su administración, desde la Estafa Maestra hasta los sobornos de Odebrecht, el brazo de la justicia parece detenerse justo antes de tocar sus puertas. La impunidad vigente se debe a una combinación de factores técnicos y políticos. En lo técnico, las investigaciones sobre Pegasus son sistemáticamente obstaculizadas por la opacidad de los contratos y la desaparición de archivos clave en las dependencias de inteligencia. En lo político, el sistema judicial mexicano muestra una lentitud que permite que los delitos prescriban o que las carpetas de investigación se llenen de formalismos que impiden llegar a la cúpula. Mientras el discurso oficial habla de combatir la corrupción del pasado, la realidad operativa muestra que Peña Nieto vive en un exilio dorado en España y Osorio Chong mantiene una presencia política que, aunque disminuida, lo mantiene fuera del alcance de la Fiscalía.
Privilegios: Es inevitable trazar un paralelismo entre estos personajes y Miguel Ángel Yunes Linares, quien en su momento amenazó con “cimbrar al país” con información sensible que supuestamente poseía sobre los líderes de Morena. Sin embargo, existe una diferencia fundamental en la ejecución de la amenaza. Mientras que Yunes utilizó el amago público como una herramienta de negociación directa —lo cual resultó evidente con el polémico voto de su hijo en el Senado para la reforma judicial y su posterior acercamiento al oficialismo—, el grupo de Peña Nieto y Osorio Chong parece operar bajo una doctrina de discreción absoluta. No necesitan amenazar con cimbrar el país en una rueda de prensa porque el peso de la información que poseen es una amenaza constante. A diferencia de Yunes, cuya urgencia por protección legal lo obligó a claudicar públicamente y adherirse a las filas del movimiento que antes juró combatir, la impunidad de Peña Nieto parece negociada antes de entregar la banda presidencial, asegurando una transición sin persecuciones directas. Sin embargo, el escenario político bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo presenta una disonancia. A diferencia de su antecesor, quien mantenía una postura de “punto final” y evitaba mencionar directamente a Peña Nieto en contextos de persecución penal, la presidenta CSP optó por un discurso más frontal. Ella menciona directamente a EPN y denuncia la “maldita deuda corrupta” y los negocios inmobiliarios ocultos detrás de proyectos como el aeropuerto de Texcoco. Esta alusión responde a una necesidad de legitimación política y de diferenciación de estilo. Para Sheinbaum, nombrar la corrupción de Peña Nieto es una forma de reafirmar su compromiso ético ante una base social que exige resultados tangibles contra el pasado. Al señalarlo, rompe la narrativa de la complicidad total, aunque en la práctica el aparato judicial siga sin ejecutar órdenes de aprehensión contra el exmandatario. Es un ejercicio de retórica de poder: se le condena moralmente desde la tribuna más alta del país para mantener viva la indignación popular, mientras se navega con cuidado por los límites legales que impiden que esa retórica se transforme en una sentencia judicial.
¿Retórica?: La persistencia de estos nombres en la conversación pública de 2026 revela que las estructuras de poder en México no solo se construyen con votos, sino también con archivos. La información acumulada a través del espionaje ilegal no solo sirvió para vigilar a los oponentes en su momento, sino que se transformó en el capital más valioso de una élite política que supo comprar su retiro. El caso de Pegasus no es solo una herida abierta en los derechos humanos de los periodistas y activistas espiados, sino el testimonio de cómo el conocimiento de las debilidades ajenas puede ser el escudo más efectivo contra la justicia. Mientras la presidenta continúa señalando los excesos del pasado desde el podio, la realidad de los tribunales sigue confirmando que, en México, hay secretos tan profundos que ninguna voluntad política parece dispuesta a desenterrar del todo. La impunidad de Peña Nieto y Osorio Chong no es un accidente del sistema, sino un componente diseñado para que el engranaje de la política nacional siga girando sin romperse.
