Por Chéster Hernández
Mientras el presidente municipal de Huejotzingo, Roberto Solís, presume un municipio de primer nivel y un gobierno de resultados, la realidad que denuncian ciudadanos y transportistas parece contar una historia muy distinta. La distancia entre el discurso oficial y lo que ocurre en las calles es cada vez más evidente.
Integrantes de AMOTAC han denunciado presuntos actos de corrupción y abusos contra operadores del transporte, señalando que existen prácticas que afectan su actividad y generan desconfianza hacia las autoridades municipales. Estas denuncias exigen una respuesta clara, transparente y sustentada por parte del gobierno municipal.
A ello se suma otro señalamiento que ha generado preocupación: se afirma que elementos de la Policía Municipal no cuentan con el Certificado Único Policial (CUP). De ser cierto, esta situación abriría serios cuestionamientos sobre la legalidad de determinadas actuaciones policiales y la capacidad institucional para garantizar que los procedimientos se realicen conforme a la ley. Corresponde a las autoridades informar públicamente cuál es el estatus de certificación de sus elementos y despejar cualquier duda.
Mientras tanto, los ciudadanos continúan denunciando robos de vehículos, asaltos, robos a casa habitación y otros hechos delictivos que afectan la tranquilidad de las familias. La percepción de inseguridad contrasta con el mensaje oficial que insiste en presentar un municipio donde todo funciona correctamente.
También persisten interrogantes sobre el funcionamiento del corralón municipal. La ciudadanía cuestiona si las normas se aplican con el mismo rigor para todos o si existen privilegios para personas cercanas al poder. La aplicación selectiva de la ley no solo debilita la confianza en las instituciones, sino que alimenta la percepción de impunidad.
Gobernar no consiste únicamente en ofrecer discursos optimistas o difundir una imagen favorable de la administración. Gobernar implica responder a las denuncias, transparentar la información, corregir las deficiencias y garantizar que la ley se aplique sin excepciones.
Los habitantes de Huejotzingo merecen respuestas, no propaganda. Merecen instituciones confiables, policías plenamente certificados conforme a la normatividad aplicable y un gobierno que atienda los problemas reales del municipio, en lugar de minimizar las críticas o ignorar las denuncias públicas. La credibilidad de una administración no se construye con discursos, sino con resultados verificables y rendición de cuentas ante la auditoría superior del estado.
