Así lo dice La Mont
Otra etapa: La historia de la política peruana parece escrita por un guionista obsesionado con los bucles temporales y la ironía trágica. El reingreso de Keiko Fujimori a la cúspide del poder político en el Palacio de Gobierno representa la culminación de un ciclo de resistencia dinástica, pero también el inicio de un capítulo de volatilidad para una presidencia severamente desacreditada por la sombra de la corrupción sistémica. La Casa de Pizarro opera en las últimas décadas más como una sala de espera hacia el banquillo de los acusados que como el epicentro del desarrollo nacional. El tejido institucional de Perú de una ferocidad casi caníbal para deglutir a sus propios líderes, creando un desfile de exmandatarios caídos en desgracia que hoy pueblan las crónicas judiciales y los centros penitenciarios del país.
Ejemplo: El caso de Pedro Castillo es paradigmático de este colapso: un intento fallido de autogolpe que terminó con su destitución fulminante y un posterior e infructuoso ruego de asilo político hacia México, país que terminó enredado en una crisis diplomática de proporciones regionales. Pero Castillo no es un hecho aislado, sino el eslabón de una cadena de desgracias republicanas. Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski transitaron la misma ruta del cuestionamiento y el arresto por sus vínculos con financiamientos opacos, mientras que la figura de Alan García permanece como el recordatorio más dramático y oscuro de hasta dónde puede llegar la desesperación frente al asedio judicial, eligiendo el suicidio antes de enfrentar las esposas de la justicia. En este sistema de desconfianza radical, el apellido Fujimori vuelve a portar la banda presidencial, desafiando las leyes de la gravedad política en una nación que arrastra heridas abiertas y una profunda fatiga democrática.
Flagrancia: Para entender el peso de este retorno, es imperativo mirar el espejo retrovisor y desenterrar los pecados originales que derribaron el régimen de su padre, Alberto Fujimori, en el fatídico año 2000. Aquella caída no fue un mero relevo político, sino el colapso de una red de criminalidad estatal de la que el país aún no se recupera del todo. La difusión de los «vladivideos», que capturaban de forma flagrante al asesor presidencial Vladimiro Montesinos sobornando a congresistas, empresarios y directores de medios de comunicación, desnudó un sistema de corrupción institucionalizada, cooptación de poderes y compra de voluntades a gran escala. A esto se sumaron delitos flagrantes de peculado, el uso de fondos públicos para silenciar a la prensa opositora y la interceptación telefónica ilegal. La posterior condena del patriarca del clan también incluyó crímenes de lesa humanidad por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, perpetradas por el grupo paramilitar Colina, configurando un panorama de autoritarismo corrupto que terminó con una renuncia por fax desde Tokio. La maldición de la historia no se detuvo ahí, alcanzando de lleno a su sucesor directo y abanderado de la Marcha de los Cuatro, Alejandro Toledo. El hombre que capitalizó la indignación ciudadana contra el fujimorismo terminó devorado por el mismo monstruo, siendo extraditado y condenado tras comprobarse que recibió millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la concesión de los tramos de la Carretera Interoceánica Sur, cerrando un círculo de traición democrática que dejó al electorado peruano en el desamparo moral.
Opacidad: Ante este panorama de descalabro ético, la propuesta con la que Keiko Fujimori pretende blindar su gestión frente a la lacra de la corrupción despierta tantas expectativas como suspicacias en la opinión pública. La mandataria articuló una narrativa basada en el fortalecimiento de las oficinas de control interno dentro de los ministerios y la instrumentación de sistemas de auditoría en tiempo real para las grandes licitaciones del Estado, buscando sacudirse la etiqueta de heredera de las prácticas de los noventa. Su propuesta incluye reformas para endurecer las penas contra los funcionarios públicos coludidos con intereses privados y la digitalización total de los procesos de contratación para reducir la discrecionalidad burocrática. Sin embargo, el principal reto no radica en el diseño de las leyes, sino en la gigantesca crisis de gobernabilidad que asfixia a Perú. Gobernar un país fragmentado, con un Congreso atomizado y propenso a la confrontación exprés, exige un nivel de consenso que el fujimorismo históricamente no logra superar para construir acuerdos. La debilidad de los partidos políticos, la polarización ideológica y la movilización social latente en las regiones del sur y el interior del país configuran un escenario minado. Para Keiko Fujimori, el verdadero desafío será demostrar que puede ejercer el poder sin recurrir a las prácticas autocráticas de su progenitor ni caer en las redes de la impunidad que sepultaron a sus predecesores, en un territorio donde la paciencia ciudadana es mínima y la línea que separa el palacio de la prisión ya es peligrosamente delgada.
