Por Chester Hernández
Una vez más, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre” encabezó una manifestación frente a Casa Aguayo, sede del gobierno estatal en Puebla. Esta vez, la protesta tuvo como eje la exigencia de liberación de José Emiliano Zambrano Aguilar, líder comunitario de Santa María Malacatepec, detenido por presunto abuso sexual. Sin embargo, la protesta se tornó política y acusatoria, al señalar sin pruebas contundentes a la desarrolladora inmobiliaria Grupo Proyecta como responsable de una supuesta persecución judicial.
Tonatiuh Sarabia Amador, abogado del acusado e hijo de la histórica líder Rubén Sarabia “Simitrio”, denunció que la acusación es una fabricación impulsada por intereses inmobiliarios. Según sus declaraciones, Grupo Proyecta busca expandir el megaproyecto habitacional Lomas de Angelópolis sobre tierras comunales de Malacatepec, lo que ha generado un conflicto constante con los pobladores.
La “28 de Octubre”, conocida por su larga trayectoria de confrontación con gobiernos estatales y su vinculación con luchas sociales urbanas, ha extendido en los últimos años su apoyo a resistencias rurales, como la de Malacatepec. Para algunos observadores, este giro responde tanto a convicciones ideológicas como a un intento de ganar presencia en conflictos con alto valor mediático y político.
Durante la protesta, también participaron representantes del Frente de Pueblos Unidos en Defensa del Agua y la Tierra, quienes reiteraron su oposición a lo que consideran un modelo de despojo disfrazado de desarrollo urbano.
Aunque la esposa de Zambrano afirmó que han presentado pruebas de su inocencia, hasta el momento el caso sigue en curso y no ha sido desestimado por la autoridad judicial.
El problema de fondo parece ser doble: por un lado, el posible uso del sistema penal para desactivar la resistencia social en zonas de interés inmobiliario; y por otro, la tendencia de algunos grupos a politizar casos judiciales sin esperar el veredicto legal. Es vital que las autoridades actúen con imparcialidad y transparencia, y que los actores sociales eviten manipular temas sensibles como el abuso sexual para fines políticos o estratégicos.
En medio de todo, la comunidad de Malacatepec sigue dividida, atrapada entre la presión del desarrollo urbano y las narrativas de lucha social que, aunque legítimas, deben sustentarse con responsabilidad y ética.
