Por Chester Hernández
En México, uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho es nuestra Constitución Política. En su artículo 27 se establece que la propiedad privada puede ser expropiada por causas de utilidad pública y mediante la correspondiente indemnización. Sin embargo, hay quienes, a pesar de ostentar poder económico y acceso a asesores legales, actúan como si este principio no existiera. Tal es el caso del grupo empresarial #Proyecta.
Lo que se les ha solicitado el gobernador Alejandro Armenta, no es una imposición arbitraria ni un abuso de poder. Es una propuesta respetuosa y dentro del marco de la ley: la donación de dos hectáreas para la construcción de viviendas destinadas a policías que han dado su vida en defensa de la seguridad pública, incluidos los propios intereses empresariales. Lejos de mostrar sensibilidad o responsabilidad social, #Proyecta ha respondido con una campaña de desinformación, contratando voces pagadas y mercenarios de la pluma, que buscan desacreditar al gobernador Alejandro Armenta.
Curiosamente, durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, Proyecta no decía nada. Guardaban un silencio conveniente. ¿Por qué? Porque eran aliados. Mientras recibían terrenos a precios irrisorios para después lucrar con ellos a gran escala, no había comunicados, ni columnas, ni protestas. Hoy, cuando se les pide un acto mínimo de compromiso con la sociedad, reaccionan como si se les estuviera arrebatando un derecho divino.
El problema no es solo la mezquindad, sino la hipocresía. No se puede hablar de legalidad cuando se pisotea la ley cada vez que se interpone con los intereses del capital. No se puede invocar la democracia cuando se utilizan medios manipulados para moldear la opinión pública a conveniencia.
El grupo Proyecta no ha aportado soluciones, no ha mostrado apertura, y mucho menos empatía hacia las familias de policías que esperan una vivienda digna. Prefieren proteger un terreno baldío antes que contribuir a construir un legado de justicia. Mientras tanto, acusan sin fundamentos a un gobierno que, a diferencia de otros, no está interesado en enriquecerse con el suelo, como sucedía en el pasado, cuando el metro cuadrado se compraba en centavos y hoy se vende en dólares.
La ignorancia, cuando es deliberada, se convierte en cinismo. Y el cinismo empresarial, blindado por el dinero y disfrazado de legalismo, es tan peligroso para el país como la corrupción que tanto se dice combatir. Porque el verdadero enemigo del bien común no siempre actúa desde la ilegalidad; a veces lo hace desde la comodidad de una sala de juntas.
Finalmente sería bueno saber qué ex candidato a la gubernatura recibió financiamiento del grupo empresarial para su campaña.
