Por Chéster Hernández
Puebla, Pue. El accidente ocurrido en el cruce ferroviario de San Antonio Abad, donde un tren impactó a una unidad de la Ruta 50 y dejó varios pasajeros lesionados, no puede ni debe verse como un hecho aislado. Se trata de una nueva muestra de la peligrosa cultura que prevalece en una parte del transporte público de Puebla, donde las prisas, la competencia por el pasaje y la ambición por recaudar más dinero parecen estar por encima de la seguridad de los usuarios.
Durante años, miles de poblanos han denunciado las llamadas «carreras» entre unidades del transporte público. Choferes que aceleran de manera imprudente, invaden carriles, se pasan semáforos y realizan maniobras peligrosas con tal de ganar pasajeros antes que sus competidores. Lo más grave es que estas conductas se han normalizado al grado de convertirse en una rutina que pone en riesgo la vida de quienes diariamente dependen de este servicio.
El choque de la Ruta 50 con el tren debe encender todas las alarmas. Aunque serán las investigaciones las que determinen las responsabilidades exactas, resulta imposible ignorar que la imprudencia al volante es uno de los principales problemas del transporte público en la entidad. Cada día se observan operadores que conducen sin la precaución necesaria, olvidando que llevan decenas de personas bajo su responsabilidad.
La pregunta es inevitable: ¿cuántos accidentes más deben ocurrir para que las autoridades actúen con firmeza? Las sanciones parecen insuficientes y la supervisión prácticamente inexistente. Mientras tanto, los usuarios continúan siendo rehenes de un sistema que privilegia la competencia desmedida sobre la seguridad.
Los pasajeros no son mercancía ni números en una cuenta de ingresos. Son trabajadores, estudiantes, madres de familia y adultos mayores que confían su integridad a operadores que tienen la obligación moral y legal de conducir con responsabilidad. Ninguna carrera por ganar pasaje justifica poner vidas en peligro.
Es momento de que las autoridades de movilidad de Puebla dejen de actuar únicamente después de las tragedias y comiencen a prevenirlas. También es tiempo de que los concesionarios asuman su responsabilidad y erradiquen los incentivos que fomentan la competencia salvaje entre choferes.
Los lesionados de San Antonio Abad son el recordatorio de una realidad incómoda: mientras algunos operadores sigan creyendo que llegar primero vale más que llegar seguros, los accidentes continuarán ocurriendo. Y cuando eso sucede, quienes pagan las consecuencias son siempre los ciudadanos.
