Por Chester Hernández.
Guadalupe Cuautle es tanta su ignorancia que no conoce la ley sabrá que la omisión es parte de una comisión del delito. El 15 de marzo, una mujer identificada como Are Moreno fue víctima de un grave abuso de autoridad por parte de policías municipales del municipio de San Andrés Cholula, los cuales no cuentan con la certificación del Certificado Único Policial (CUP), lo que pone en entredicho su capacidad para portar armas, realizar detenciones o actuar conforme a la ley. Esta agresión se produjo bajo la aparente anuencia de la presidenta municipal, Guadalupe Cuautle, quien, lejos de garantizar la correcta actuación de sus fuerzas de seguridad, parece cerrar los ojos ante estos actos de brutalidad.
Según la denuncia hecha por la víctima en redes sociales, Are Moreno fue atacada con gas pimienta, despojada de dinero y de sus pertenencias, y golpeada por los uniformados, quienes además intentaron desnudarla. La denuncia, acompañada de testimonios y grabaciones de los testigos que fueron testigos de la violencia ejercida, señala que esta no es una situación aislada, sino una práctica que, según la denunciante, ha sido recurrente en el municipio de San Andrés Cholula.
Lo más alarmante de este hecho es que los responsables de la agresión no solo carecen de la formación adecuada, sino que están actuando con total impunidad, y lo peor, con la protección o al menos la permisividad de la presidenta municipal Guadalupe Cuautle. Esta situación refleja un patrón de abuso por parte de la policía local, quienes, sin la debida capacitación ni control, continúan cometiendo atrocidades, sin que la autoridad municipal tome las medidas necesarias para frenar estos abusos.
La víctima, quien teme por su vida tras la agresión, ha hecho un llamado urgente a las autoridades estatales y a la Comisión de Derechos Humanos para que intervengan de manera inmediata. Exige que se detengan los abusos de los policías de San Andrés Cholula y que se investiguen los retenes ilegales que montan a diario en la Avenida Las Torres, cerca de la Vía Atlixcáyotl, donde se realizan actos de extorsión y otras prácticas ilícitas.
Es inaceptable que, en pleno 2025, los ciudadanos tengan que sufrir violencia de parte de quienes se supone deben protegerlos. Más grave aún es que las autoridades municipales, encabezadas por Guadalupe Cuautle, no solo no actúan para evitar estos abusos, sino que parece que son cómplices por omisión, permitiendo que los uniformados continúen operando sin las certificaciones necesarias y actuando con total impunidad.
La presidenta municipal tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y el bienestar de los habitantes de San Andrés Cholula, y, en este caso, ha fallado rotundamente. Es urgente que se tomen cartas en el asunto para evitar más violaciones a los derechos humanos, y que se le brinde a la ciudadanía la seguridad y el respeto que merece. La intervención de las autoridades estatales y federales es vital para que se haga justicia y se termine con este ciclo de abuso y violencia.
