Por Chéster Hernández.
La denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado de Puebla por presuntas irregularidades durante una detención realizada en San Andrés Cholula podría derivar en una investigación sobre la responsabilidad de los mandos policiales y de las autoridades municipales encargadas de la seguridad pública.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es el señalamiento de que los elementos que participaron en la detención presuntamente no contaban con el Certificado Único Policial (CUP) completo en sus diferentes etapas de evaluación, capacitación y certificación. De confirmarse esta situación, podría configurarse una actuación fuera de los requisitos establecidos por la normatividad en materia de seguridad pública.
Juristas consultados por así lo dice Puebla, sostienen que, en caso de acreditarse que policías sin certificación vigente participaron en labores operativas y realizaron detenciones, la investigación tendría que extenderse a los responsables de autorizar, supervisar y mantener a dichos elementos en funciones.
Bajo este contexto, las miradas apuntan hacia la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle, como titular del gobierno municipal y máxima autoridad responsable de la administración de la corporación policial. Según el artículo 115 de la constitución, Diversos sectores consideran que, de comprobarse que elementos sin certificación participaron en el operativo, existiría una posible responsabilidad administrativa y penal, e incluso otras responsabilidades que deberán ser determinadas por las autoridades competentes.
La denuncia también solicita que se investigue la legalidad de la detención, el presunto uso excesivo de la fuerza, la difusión de videos de la persona detenida en redes sociales y la posible vulneración a la presunción de inocencia. Asimismo, se pide revisar la actuación de los elementos debido a la presencia de dos menores de edad durante los hechos, quienes presuntamente resultaron afectados emocionalmente por el operativo.
Corresponderá a la Fiscalía General del Estado determinar si existieron conductas contrarias a la ley y establecer quiénes son los responsables directos o indirectos de los hechos denunciados. Mientras tanto, el caso continúa generando cuestionamientos sobre el cumplimiento de los requisitos de certificación policial y la supervisión de los cuerpos de seguridad en San Andrés Cholula.
Vamos a ver qué opinan los medios que cobran en San Andrés Cholula saldrán a defender a su presidenta.
