Por Chester Hernández/ 8 de julio de 2025
PUEBLA.– Este martes, la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, salió en defensa del polémico Gustavo Alonso, alias “El Comandante Sauce”, asegurando que no existe ninguna denuncia formal que amerite una investigación en su contra. La declaración, más que esclarecer, levanta sospechas. ¿Por qué un personaje con antecedentes ligados a grupos armados y prácticas de “limpieza social” es defendido públicamente por la máxima autoridad de justicia del estado?
En el corazón de Puebla, la delincuencia ha dejado de ser un problema de las periferias para instalarse cómodamente en las instituciones. Las calles se llenan de cuerpos, las balas no distinguen horarios, y mientras tanto, desde el estrado oficial, se protege a figuras oscuras cuya presencia evoca los años más duros del morenovallismo.
Gustavo Alonso, mejor conocido como “El Sauce”, no es un nombre nuevo. Su historial está marcado por presuntos vínculos con operativos extralegales, represión social y pactos con grupos de poder. No hay denuncias, dice la fiscal, pero la ausencia de éstas no implica inocencia. Más bien, refleja una red de protección tejida desde las sombras del poder.
El verdadero problema no es solo la existencia de personajes como “El Sauce”, sino el respaldo institucional que reciben. La fiscalía, al negarse siquiera a abrir una carpeta de investigación, actúa más como un escudo político que como una instancia de procuración de justicia. La impunidad no nace sola; se construye desde el silencio, la omisión y, peor aún, desde la complicidad.
Alguien dijo alguna vez que la delincuencia se combate con más delincuencia. Hoy, esa lógica perversa parece haber contaminado al aparato de justicia poblano. Si la fiscal Irámis Gómez insiste en blindar a personajes de dudosa trayectoria, el mensaje para la sociedad es claro: el orden público está secuestrado, y el crimen organizado ya no necesita esconderse. Se sienta en las oficinas del poder.
¿Cuál es el precio de la lealtad institucional? ¿A quién protege realmente la Fiscalía? La ciudadanía merece respuestas, pero sobre todo, merece justicia.
